Mientras asegurados esperan atención médica, soportan filas interminables y denuncian falta de medicamentos, el Decreto Supremo 5618 abre una ola de cuestionamientos por favorecer a cooperativas auríferas con millonarias obligaciones pendientes ante la Caja Nacional de Salud.
La aprobación del Decreto Supremo 5618 encendió una nueva polémica nacional tras conocerse que la norma elimina cerca de nueve años de fiscalizaciones, notas de cargo y procesos de cobro contra las cooperativas auríferas FERRECO R.L. y FECOMAN L.P. R.L., observadas por millonarias deudas relacionadas con aportes a la Caja Nacional de Salud (CNS). Las cifras observadas superarían los 95 millones de bolivianos, según denuncias difundidas tras la publicación de la medida.
La disposición fue recibida con indignación por sectores laborales y asegurados que desde hace años denuncian el deterioro del sistema público de salud administrado por la CNS. La molestia creció porque la norma aparece en medio de reclamos constantes por escasez de medicamentos, suspensión de cirugías, hospitales saturados y demoras en la atención médica.
Diversos cuestionamientos apuntan a que el Gobierno decidió beneficiar a cooperativas auríferas vinculadas a sectores con alto poder de presión política y capacidad de movilización. Las críticas sostienen que el decreto termina favoreciendo a grupos económicamente fuertes mientras miles de trabajadores asalariados deben cumplir estrictamente con descuentos y aportes obligatorios sin ningún tipo de tolerancia.
“Para el ciudadano común no existe perdón”, señalaron asegurados y representantes laborales que observaron la medida. Recordaron que cuando un trabajador acumula retrasos o una empresa incumple pagos, inmediatamente se aplican multas, sanciones administrativas y procesos de cobro. En cambio, aseguran que las cooperativas mineras recibieron un trato completamente distinto mediante una norma aprobada desde el poder central.
La controversia también golpeó directamente la imagen de la CNS, una institución que atraviesa una de las etapas más críticas de los últimos años por problemas financieros y constantes denuncias sobre la calidad del servicio. Los reclamos ciudadanos apuntan a que mientras la población asegurada continúa aportando mensualmente, el Estado estaría dejando sin efecto millonarias obligaciones que podían fortalecer el sistema de salud pública.
El malestar aumentó debido a que las cooperativas beneficiadas pertenecen al sector aurífero, una actividad que en los últimos años incrementó significativamente sus ingresos gracias al alto precio internacional del oro. Para distintos sectores sociales, resulta inadmisible que grupos económicos ligados a la explotación minera reciban facilidades extraordinarias mientras hospitales y centros médicos públicos enfrentan carencias diarias.
Las críticas también alcanzaron al manejo político del Gobierno frente a organizaciones corporativas. Distintas voces consideran que el decreto responde a acuerdos de conveniencia destinados a preservar alianzas y respaldo político de sectores cooperativistas estratégicos. Según las denuncias, la administración estatal estaría utilizando instituciones públicas como mecanismo de negociación con grupos aliados, incluso a costa de afectar la sostenibilidad económica de la seguridad social.
En hospitales y centros de atención de la CNS, pacientes y familiares continúan denunciando largas esperas, falta de insumos básicos y suspensión de servicios especializados. En medio de esa situación, la decisión gubernamental terminó profundizando la percepción de desigualdad entre quienes cumplen sus obligaciones y quienes reciben beneficios extraordinarios mediante decretos.
La publicación del Decreto Supremo 5618 abrió además una discusión sobre la transparencia en la administración de recursos públicos y sobre el destino de los aportes que sostienen la seguridad social en Bolivia. Mientras los asegurados siguen afrontando descuentos obligatorios y una atención cada vez más cuestionada, la eliminación de procesos de cobro millonarios volvió a instalar dudas sobre las prioridades reales del Gobierno frente a la crisis que atraviesa la Caja Nacional de Salud.
