Las órdenes de aprehensión contra representantes sindicales y parlamentarios que cuestionan al poder desatan denuncias de represalias políticas y elevan la tensión social en medio de bloqueos y protestas nacionales.
La emisión de órdenes de aprehensión contra dirigentes sindicales y legisladores críticos al Gobierno volvió a encender el conflicto político y social en el país. El senador Nilton Condori denunció públicamente que existe una instrucción para detenerlo en cualquier lugar donde sea encontrado, situación que atribuyó a sus cuestionamientos dentro de la Asamblea Legislativa y a sus críticas sobre los privilegios de las autoridades.
“Tengo orden de aprehensión con acción directa”, declaró Condori, quien aseguró que no abandonará sus posiciones pese a las amenazas judiciales. El legislador sostuvo que las acusaciones en su contra surgieron después de exigir la reducción de salarios en el Legislativo, la eliminación de beneficios vitalicios y el cumplimiento de compromisos realizados durante la campaña electoral.
“No me van a doblegar, soy un indio rebelde sin pausa”, afirmó el senador al rechazar la posibilidad de retroceder frente a las medidas impulsadas desde el Ejecutivo. También indicó que las acciones no solo apuntan a su persona, sino a otros representantes sindicales y dirigentes movilizados.
Entre los nombres mencionados aparece el dirigente sindical Mario Argollo, señalado dentro de las investigaciones relacionadas con las movilizaciones y bloqueos registrados en distintos puntos del país. La situación generó reacciones inmediatas desde sectores obreros y organizaciones sociales que consideran que las órdenes de aprehensión buscan debilitar las protestas.
El exejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares, cuestionó abiertamente la decisión gubernamental y pidió dejar sin efecto las disposiciones judiciales contra los dirigentes movilizados. A su juicio, las detenciones no abrirán un camino de entendimiento y solamente profundizarán el malestar social.
“¿Por qué sacan aprehensión?, ¿Argollo es delincuente?”, reclamó Solares, quien calificó las medidas como una acción destinada a intimidar a quienes encabezan las protestas. El exdirigente sostuvo que cualquier intento de diálogo pierde credibilidad mientras existan amenazas de encarcelamiento contra representantes sindicales y actores políticos que expresan posiciones críticas.
Solares advirtió además que un eventual estado de excepción o estado de sitio podría agravar todavía más el escenario de conflictividad. Según manifestó, el uso de medidas coercitivas no resolverá las demandas sociales acumuladas y podría provocar mayores enfrentamientos entre la población movilizada y el aparato estatal.
Las declaraciones se producen en medio de una creciente presión social por la crisis económica, el encarecimiento de productos básicos y el rechazo de varios sectores a las decisiones asumidas por el Ejecutivo. Diversas organizaciones consideran que las investigaciones y órdenes de captura contra dirigentes y legisladores responden a una estrategia orientada a desactivar las protestas mediante procesos judiciales.
Desde los sectores movilizados también se ratificó el pedido de salida del presidente Rodrigo Paz, aunque algunos dirigentes sostienen que todavía existe margen para alcanzar una solución política que evite una escalada mayor del conflicto.
GOBIERNO DESATA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA DIRIGENTES Y LEGISLADORES REBELDES
