La ampliación estructural del Ministerio de la Presidencia redefine jerarquías, absorbe funciones completas y consolida un mando central que altera el equilibrio institucional bajo el discurso oficial de eficiencia y transparencia.
La transformación del Ministerio de la Presidencia en un organismo expandido con siete viceministerios confirma el giro más drástico en la arquitectura estatal desde el inicio de la administración de Rodrigo Paz. La decisión, articulada sobre los restos de los ministerios disueltos, instaló un esquema donde esta cartera se convierte en el canal dominante para coordinar políticas, supervisar áreas críticas y conducir la maquinaria gubernamental bajo una lógica de mando concentrado.
En esta nueva etapa, la estructura interna quedó reorganizada con los viceministerios de Coordinación de la Gestión Pública, encabezado por Julio Linares; Coordinación Política y Legislativa, conducido por Wilson Santamaría; Coordinación con Movimientos Sociales, dirigido por René Flores; y Autonomías, bajo la autoridad de Andrea Barrientos. Todos ellos permanecerán operando como los pilares iniciales del rediseño institucional, encargados de sostener la relación entre el Ejecutivo, las organizaciones sociales y los niveles subnacionales.
A esta base se incorporó el Viceministerio de Tierras, cuya autoridad aún no ha sido designada, y que pasó oficialmente a depender de la Presidencia tras la supresión del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. La absorción no solo implica un cambio de jurisdicción, sino el traslado completo de atribuciones, incluyendo la supervisión del INRA y la responsabilidad de delinear políticas agrarias y territoriales desde un despacho ahora centralizado.
La expansión continúa con la creación del Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, conducido por Yamil García, además del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, que sigue pendiente de designación. Ambos forman parte de una estructura que se ensambla mientras se ejecuta una reingeniería administrativa que avanza con rapidez y sin pausas visibles.
El vocero gubernamental, Lupo, afirmó que esta reconfiguración responde a una directriz de austeridad, planificación y eficiencia, orientada a consolidar un “centro de gobierno” desde el cual Rodrigo Paz pueda disponer de sistemas de alerta, coordinación política y gestión pública con mayor fluidez. Según detalló, la intención es dotar al Ejecutivo de un aparato más compacto y útil para la ejecución de decisiones estratégicas.
En paralelo, el cierre del Ministerio de Justicia se justificó mediante un decreto que, según Lupo, apunta a restaurar condiciones de independencia y transparencia en el sistema judicial. Las funciones de esa cartera fueron dispersadas y luego reagrupadas en los nuevos viceministerios dependientes de la Presidencia, consolidando un control más vertical sobre asuntos jurídicos, de derechos humanos y de vigilancia institucional.
La reestructuración también alcanzó al sistema estatal de comunicación, eliminando los viceministerios de Comunicación y de Coordinación y Gestión Gubernamental, clausurando el periódico Ahora El Pueblo y suspendiendo la Agencia Boliviana de Información. El futuro de las Radios de Pueblos Originarios, Radio Patria Nueva y Boliviatv permanece indefinido, mientras el rediseño continúa su marcha.
