La autorización de recursos del Tesoro General de la Nación para la adquisición de agentes químicos destinados a la Policía Boliviana abre cuestionamientos por su magnitud y por no haber sido prevista en el presupuesto inicial de 2026.
La aprobación de Bs 68.150.928 para la compra de agentes químicos destinados a la Policía Boliviana se convirtió en uno de los movimientos presupuestarios más significativos realizados por el Ministerio de Gobierno durante la gestión 2026. La decisión fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 047/2026 y representa una de las mayores asignaciones de recursos públicos para este tipo de equipamiento registradas en los últimos años, superando los montos conocidos durante las administraciones de anteriores ministros de Gobierno.
La medida autoriza un traspaso presupuestario interinstitucional financiado con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), destinados exclusivamente a la adquisición de agentes químicos que serán distribuidos entre direcciones nacionales, unidades especializadas y comandos departamentales de la Policía Boliviana.
De acuerdo con la documentación oficial, el Ministerio de Gobierno justificó la decisión en la necesidad de reponer existencias utilizadas durante recientes conflictos sociales registrados en diferentes regiones del país. Los informes técnicos elaborados por el Departamento Nacional de Armamento y Equipo Policial sostienen que el incremento de movilizaciones y episodios de tensión social provocó una reducción de las reservas disponibles para tareas de control y contención.
La resolución señala que la Policía Boliviana identificó requerimientos provenientes de distintas reparticiones operativas, situación que derivó en la solicitud formal de recursos extraordinarios para garantizar la provisión de material químico durante la presente gestión fiscal.
Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención dentro del trámite administrativo fue que la adquisición no estaba contemplada en el presupuesto originalmente aprobado para la Policía Boliviana en 2026. Así lo establece el Informe Técnico PB/DNA/DNF/PPTO N.º 130/2026, remitido por la institución policial al Ministerio de Gobierno mediante el Oficio N.º 028/2026.
El documento advierte que, tras una revisión de las partidas presupuestarias vigentes, no existía una asignación específica para la compra de agentes químicos. Esa situación obligó a gestionar una modificación presupuestaria extraordinaria para obtener los recursos requeridos.
La solicitud fue respaldada posteriormente por el Viceministerio de Régimen Interior y Policía, instancia que recomendó efectuar el traspaso de fondos para atender la demanda presentada por la institución verde olivo. A ello se sumaron informes financieros y jurídicos que concluyeron que la modificación presupuestaria era viable y se encontraba dentro del marco legal vigente.
Los recursos aprobados serán transferidos hacia el programa estatal denominado “Servicios de Seguridad Ciudadana. Monitorear y Prevenir Conflictos”, desde donde se financiarán los procesos administrativos necesarios para concretar la compra.
La Resolución Ministerial N.º 047/2026 también instruye a la Dirección General de Asuntos Administrativos y a la Policía Boliviana realizar las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, además del registro de la operación en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), paso indispensable para iniciar los procedimientos de contratación.
La normativa citada para respaldar la medida incluye disposiciones de la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, la Ley de Administración y Control Gubernamentales, la Ley de Administración Presupuestaria, la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados.
Dentro de los fundamentos legales se recuerda que la Policía Boliviana es la única institución estatal autorizada para la adquisición, tenencia y uso de materiales policiales especializados. Asimismo, se establece que el Ministerio de Gobierno tiene la atribución de dotar equipamiento y medios necesarios para el cumplimiento de las funciones constitucionales de la institución.
La magnitud de la asignación presupuestaria también generó repercusiones en la esfera política. El diputado de Alianza Unidad, Álvaro Cazasola, sostuvo que corresponde a las autoridades económicas y gubernamentales explicar el destino de los recursos comprometidos para esta compra.
“Hay que consultarle al ministro de Economía, o a quien haya hecho ese destino”, manifestó el legislador al ser consultado sobre la millonaria asignación destinada a la adquisición de gases lacrimógenos y otros agentes químicos.
Pese a ello, Cazasola señaló que el país atraviesa una situación marcada por problemas de abastecimiento, bloqueos y preocupaciones relacionadas con la seguridad ciudadana. En ese marco, expresó que el Estado debe garantizar condiciones para el restablecimiento de la circulación y el funcionamiento normal de las actividades económicas.
“El pueblo alteño vive una inseguridad ciudadana, el pueblo paceño vive una inseguridad ciudadana”, afirmó.
El legislador también respaldó que las fuerzas del orden cuenten con los medios necesarios para desarrollar sus funciones operativas. “Creo que el presidente Rodrigo Paz y el ministro de Gobierno tienen que poner orden al país. Que saquen a la Policía, que saquen al Ejército, que pongan orden”, declaró.
Mientras avanza el proceso administrativo para concretar la compra, la resolución ministerial deja establecido que los Bs 68,15 millones provendrán de recursos estatales administrados por el Tesoro General de la Nación. La documentación oficial sostiene que la asignación responde a requerimientos operativos formulados por la Policía Boliviana y respaldados por informes técnicos, financieros y jurídicos elaborados durante los primeros meses de 2026.
GOBIERNO APRUEBA Bs 68 MILLONES PARA GASES Y MARCA LA MAYOR COMPRA DE AGENTES QUÍMICOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
