El ampliado nacional de emergencia resolvió aceptar diálogo en El Alto, mantener movilizaciones y exigir abrogación de decretos cuestionados, además de pedir renuncia del ministro de Trabajo por presuntas vulneraciones
La Central Obrera Boliviana (COB) determinó este sábado, tras un ampliado nacional de emergencia realizado en La Paz, tres resoluciones centrales para encarar el conflicto con el Gobierno. La primera decisión es aceptar un nuevo diálogo, pero únicamente en la ciudad de El Alto y no en la Casa Grande del Pueblo, escenario de anteriores reuniones que fueron suspendidas por la dirigencia sindical.
Como segundo punto, la organización matriz de los trabajadores ratificó la continuidad de las medidas de presión, entre ellas los bloqueos de carreteras, que se mantienen activos en distintos puntos del país. Estas acciones buscan respaldar sus demandas y presionar por una respuesta concreta del Ejecutivo.
La tercera determinación es exigir la abrogación total de los decretos supremos 5503, 5509 y 5515. Según explicó el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, estas normas vulneran derechos laborales y económicos, además de favorecer —según su criterio— a empresas transnacionales en detrimento de los sectores populares.
Argollo informó en conferencia de prensa, desde la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que el encuentro con autoridades gubernamentales fue convocado para este domingo en la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari, ubicada en El Alto. Aseguró que existen todas las garantías de seguridad para la delegación oficial que decida asistir.
El dirigente reiteró que la exigencia principal sigue siendo la anulación de los decretos observados, argumentando que estos impactan de manera directa en la economía de las familias trabajadoras, en un contexto marcado por inflación y encarecimiento del costo de vida. Sin embargo, aclaró que la COB mantiene apertura para consensuar un nuevo decreto específico que permita eliminar la subvención a los llamados “burladores”, sin afectar bonos sociales ni políticas de protección social vigentes.
Durante el ampliado también se resolvió exigir la renuncia inmediata del ministro de Trabajo, Édgar Morales. La COB lo acusa de emitir comunicados oficiales que, según su versión, promueven el despido de trabajadores que participan en las movilizaciones, generando incertidumbre laboral.
Otra resolución fue la conformación de un Comité Nacional de Movilizaciones en defensa de los recursos naturales, empresas públicas, áreas protegidas y el patrimonio nacional. Asimismo, la dirigencia advirtió que no aceptará procesos judiciales que considere intimidatorios contra trabajadores movilizados y anunció la presentación de una queja formal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por presuntas vulneraciones a la libertad sindical.
