La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo advirtieron que la confrontación agrava el sufrimiento ciudadano y demandaron a autoridades y sectores movilizados abrir espacios urgentes de diálogo y concertación.
La creciente tensión social que atraviesa Bolivia motivó un pronunciamiento conjunto de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, instituciones que expresaron su preocupación por el deterioro del clima de convivencia y llamaron a los actores políticos y sociales a priorizar el diálogo como única alternativa para superar la crisis que afecta al país.
A través de un documento difundido públicamente, ambas entidades señalaron que la búsqueda de acuerdos debe imponerse sobre las posiciones de confrontación, en un contexto marcado por movilizaciones, bloqueos y disputas que han incrementado la incertidumbre en distintos sectores de la población.
El pronunciamiento sostiene que la construcción de consensos requiere escuchar las demandas de todas las partes involucradas y generar mecanismos de entendimiento que permitan alcanzar soluciones sostenibles. En ese sentido, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo remarcaron que el diálogo debe desarrollarse con sinceridad, empatía y voluntad real de acercamiento, elementos que consideran fundamentales para preservar la convivencia pacífica y fortalecer el tejido social.
Las instituciones también expresaron su preocupación por la persistencia de posiciones intransigentes que dificultan la instalación de espacios de negociación. Por ello, exhortaron tanto a las autoridades como a los sectores movilizados a revisar actitudes que impidan el acercamiento y a asumir una conducta orientada a la búsqueda de acuerdos.
Según el documento, mantener posturas cerradas solo contribuye a profundizar los problemas existentes, prolongando el impacto de la conflictividad sobre la ciudadanía. En esa línea, sostuvieron que la capacidad de ceder y construir consensos constituye una responsabilidad indispensable para quienes participan en la actual coyuntura.
Otro de los aspectos centrales del pronunciamiento es el rechazo a cualquier forma de violencia como mecanismo para resolver diferencias. La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo advirtieron que el uso de la fuerza, la coerción o los enfrentamientos no generan soluciones duraderas y, por el contrario, alimentan escenarios de división y resentimiento.
Asimismo, alertaron sobre los riesgos que implican las acciones violentas para derechos fundamentales como la vida y la integridad de las personas. Ambas instituciones señalaron que la protección de estos derechos debe prevalecer por encima de cualquier interés sectorial o político.
El documento también hace referencia a las consecuencias sociales que pueden derivarse de la confrontación prolongada. En criterio de las entidades firmantes, los conflictos dejan heridas que pueden extenderse durante años si no son abordados mediante mecanismos de diálogo y reconciliación.
Frente a este escenario, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo reiteraron su disposición a facilitar espacios de encuentro que contribuyan a reducir las tensiones y permitan reconstruir canales de comunicación entre los distintos actores involucrados.
