Familias enteras peregrinaron anoche por oficinas policiales y dependencias judiciales buscando noticias de sus parientes arrestados durante la represión en La Paz, mientras crecen denuncias de detenciones arbitrarias y abuso policial.
La jornada de protestas registrada este lunes 18 de mayo en la ciudad de La Paz dejó al menos 95 personas aprehendidas, según un reporte preliminar proporcionado por abogados y representantes de derechos humanos que acudieron hasta instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Entre los arrestados figuran hombres, mujeres y adultos mayores que participaron o se encontraban cerca de las movilizaciones que derivaron en enfrentamientos con efectivos policiales.
El abogado de derechos humanos, Kurmi Rocha, informó que el número de detenidos fue confirmado por personal policial de guardia, aunque advirtió que la cifra podría aumentar debido a que los operativos continuaban hasta horas de la noche. “Aproximadamente hay 95 personas aprehendidas en este momento, es lo que nos indica el capitán de guardia”, declaró el jurista ante medios de comunicación desplazados hasta dependencias policiales.
Junto a él, la representante de derechos humanos Eliana Rojas denunció que varias de las aprehensiones se realizaron en plena vía pública y sin una identificación clara sobre la participación directa de las personas arrestadas en los disturbios. Según el reporte entregado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, varios familiares denunciaron que sus allegados fueron interceptados mientras transitaban por sectores cercanos a las protestas.
Los abogados indicaron que las personas arrestadas enfrentan acusaciones graves impulsadas desde el aparato estatal, entre ellas sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. La defensa legal sostuvo que los procesos deberán ser revisados individualmente para establecer si existieron elementos suficientes para justificar cada aprehensión.
La movilización del lunes reunió a organizaciones sociales, sectores obreros y agrupaciones campesinas que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La tensión acumulada durante las últimas semanas desembocó en choques violentos entre manifestantes y fuerzas del orden en distintos puntos de la sede de gobierno.
Durante varias horas se reportaron daños materiales en edificios públicos y servicios estatales. Entre las infraestructuras afectadas se encuentran dependencias del Tribunal Departamental de Justicia y estaciones del sistema de transporte por cable de la ciudad. Además, se registró la quema de vehículos policiales y personas heridas producto de los enfrentamientos.
Pese a la magnitud de los disturbios, defensores de derechos humanos cuestionaron la respuesta aplicada por las autoridades y señalaron que la actuación policial derivó en una ola de arrestos masivos que ahora mantiene a decenas de familias buscando información sobre la situación jurídica de sus parientes.
GOBIERNO DETIENE A 95 PERSONAS TRAS PROTESTAS
