El Ejecutivo anunció que no continuará como acusador en los casos Sacaba y Senkata, dejando el avance procesal exclusivamente en manos de jueces y magistrados, en medio de cuestionamientos y preocupación internacional.
El Gobierno confirmó un giro institucional decisivo: ya no actuará como parte acusadora en los casos Sacaba y Senkata, que investigan las muertes registradas durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. El viceministro de Justicia, Marcelo García Delfín, explicó que la posición oficial se centra ahora en retirar cualquier injerencia y permitir que la administración de justicia asuma íntegramente el futuro de estos procesos.
García Delfín sostuvo que la nueva línea institucional busca marcar un quiebre respecto a prácticas anteriores. Recordó que, hasta hace pocos meses, el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado encabezaban las acusaciones en ambos expedientes. Hoy, afirmó, la responsabilidad plena recae en el sistema judicial. “Se terminó la intervención política; las decisiones deben ser jurisdiccionales. Jueces, vocales y magistrados son quienes deben resolver. El Ejecutivo solo facilitará condiciones administrativas para que la justicia opere sin presiones”, señaló durante una conferencia de prensa.
El Tribunal Supremo de Justicia determinó previamente que los casos debían derivarse a un juicio de responsabilidades, tras establecer que las acusaciones contra Áñez fueron impulsadas con irregularidades procesales. Ese fallo anuló los avances acumulados en las investigaciones preliminares, dejando sin efecto las actuaciones que se habían llevado adelante desde instancias ordinarias antes de las elecciones generales.
La decisión provocó reacciones inmediatas. Las víctimas de los hechos de Sacaba y Senkata recurrieron nuevamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando que el cambio procesal interrumpió un avance significativo que, aseguran, se había consolidado hasta agosto. Tras los comicios, reclaman, las resoluciones judiciales dieron un giro completo.
La CIDH, a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ya había presentado en septiembre de 2023 un informe que instaba al Estado boliviano a garantizar reparación integral y justicia para las familias de heridos y fallecidos. Dos años más tarde, en septiembre de 2025, tanto la CIDH como la Oficina Regional para América del Sur de la ONU Derechos Humanos expresaron oficialmente su preocupación ante la posibilidad de que los afectados continúen sin acceder a decisiones judiciales de fondo.
Con el retiro del Gobierno como acusador, las expectativas se trasladan completamente al ámbito judicial. Las familias de las víctimas y las organizaciones internacionales insisten en que cualquier retraso adicional consolidaría un escenario de impunidad.
