El Tribunal Supremo Electoral podrá contratar bienes y servicios directamente, controlará montos superiores a Bs 20.000, y gestionará arrendamientos sin pasar por certificaciones estatales previas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibió luz verde para ejecutar contrataciones directas de bienes y servicios de cara a las Elecciones Subnacionales 2026, marcadas para el 22 de marzo. La decisión, respaldada por la Ley 1700 de régimen excepcional y transitorio, permite al Órgano Electoral Plurinacional gestionar estos procesos sin las restricciones habituales de los procedimientos estatales.
Según la normativa, todas las contrataciones serán responsabilidad absoluta de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del TSE, desde el inicio hasta la culminación de los contratos. Esta medida otorga al órgano electoral plena autonomía en la adquisición de materiales, servicios e infraestructura necesarios para garantizar el desarrollo de los comicios departamentales, municipales y del gobierno autónomo regional del Gran Chaco.
La Ley 1700 también habilita el uso de medios electrónicos competitivos disponibles en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), siempre que se registre la operación en el portal. Se establece que los montos superiores a Bs 20.000 deben ser reportados obligatoriamente, y todas las contrataciones electrónicas deben quedar documentadas en el sistema, asegurando un seguimiento formal de las operaciones.
Entre los servicios que podrán gestionarse directamente se incluyen el arrendamiento de vehículos automotores e inmuebles destinados a las elecciones. El TSE queda exento de tramitar certificaciones previas ante el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (Senape), agilizando la logística y la distribución de recursos en todas las regiones involucradas en el proceso electoral.
La disposición busca garantizar que el Órgano Electoral Plurinacional cuente con herramientas rápidas y flexibles frente a los plazos ajustados de la organización electoral. Asimismo, una vez concretadas las contrataciones, se deberá remitir la información detallada a la Contraloría General del Estado, cumpliendo con los mecanismos de control establecidos por la normativa vigente.