Decreto departamental reconoce daños extendidos por precipitaciones persistentes, crecidas y deslizamientos, con municipios críticos y limitaciones financieras que obligan a gestionar apoyo externo para proteger vidas, producción, infraestructura y ecosistemas.
Las lluvias no han dado respiro en Santa Cruz y el impacto acumulado terminó por empujar a las autoridades a una decisión de alto alcance. Mediante el Decreto Departamental N° 512, la Gobernación declaró desastre departamental tras verificar que los efectos de las precipitaciones intensas, los desbordes de ríos y los deslizamientos han superado la capacidad de respuesta institucional.
La medida llega luego de semanas de reportes constantes desde distintas provincias, donde el agua avanzó sobre comunidades, cultivos y caminos. Municipios como El Torno, Porongo, Warnes y Montero figuran entre los más afectados. En los casos de El Torno y Porongo, la gravedad del escenario obligó previamente a emitir declaratorias de desastre municipal, debido a la afectación directa a familias y medios de vida.
Desde la Asamblea Legislativa Departamental, el asambleísta Zvonko Matkovic Ribera explicó que la declaratoria responde a una evaluación responsable de la situación. Según afirmó, la emergencia climática “ha sobrepasado la capacidad técnica, operativa y financiera del Gobierno Autónomo Departamental”, dejando en evidencia la necesidad de recurrir a mecanismos de apoyo externo.
Los informes técnicos elaborados por instancias especializadas describen el fenómeno como un desastre hidrometeorológico en desarrollo. La variabilidad climática extrema se tradujo en lluvias prolongadas, crecidas sostenidas y cambios peligrosos en los cauces de varios ríos. El río Grande es señalado como el más comprometido, debido a la magnitud de sus desbordes y a la extensión territorial de los daños asociados.
En total, se identificaron 198 puntos críticos activos distribuidos en las cuencas de los ríos Grande, Piraí, Yapacaní, Ichilo y Parapetí. Estos puntos representan zonas donde el riesgo permanece latente, afectando tanto a áreas pobladas como a regiones productivas y corredores viales clave para el abastecimiento.
El alcance humano de la emergencia es significativo. Se estima que más de 356 mil hectáreas se encuentran en áreas susceptibles de inundación, mientras que cerca de 255 mil personas están expuestas a riesgo directo. Además, más de 2,2 millones de habitantes enfrentan riesgo indirecto, debido a posibles interrupciones en servicios, daños a la infraestructura y pérdidas económicas vinculadas a la actividad agropecuaria.
Las autoridades departamentales también alertaron sobre posibles efectos fuera de Santa Cruz. El comportamiento de los ríos podría generar impactos interdepartamentales, con especial preocupación por el Beni, donde la temporada de lluvias ya plantea desafíos adicionales.
El Decreto Departamental N° 512 hace referencia a una medida previa adoptada el 5 de noviembre de 2025, cuando se declaró emergencia departamental mediante el Decreto N° 510. Sin embargo, la persistencia de las lluvias y el agravamiento de los daños obligaron a elevar la declaratoria a nivel de desastre, reconociendo un riesgo inminente para la vida, la salud, la biodiversidad y la seguridad alimentaria y económica.
A este escenario se suma una limitación determinante: la falta de recursos. La Secretaría Departamental de Hacienda informó que la Gobernación no dispone de fondos suficientes para atender nuevas emergencias con presupuesto propio, razón por la cual se recomendó formalmente la declaratoria de desastre.