El presidente Rodrigo Paz reveló que la Gestora Pública no tiene los aportes de los trabajadores y sectores movilizados señalan que el gobierno de Luis Arce habría utilizado esos fondos irregularmente.
El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo que la Gestora Pública de la Seguridad Integral no cuenta actualmente con los recursos que millones de ciudadanos depositaron durante años para asegurar una pensión futura. La declaración generó preocupación en jubilados y trabajadores activos, quienes exigen información transparente sobre el destino de esos fondos, administrados previamente por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Paz afirmó que los aportes “no están” en la entidad estatal y remarcó que se realizará una reestructuración completa para recuperar los recursos y garantizar las devoluciones correspondientes cuando llegue el momento de jubilarse. “Hay que reorganizar la Gestora para garantizar los recursos de quienes hemos aportado”, indicó durante una conferencia de prensa. Según el mandatario, una auditoría y la revisión total de las cuentas serán parte de las primeras medidas.
En su crítica, el Presidente atribuyó al anterior gobierno, encabezado por Luis Arce Catacora, el uso indebido de los aportes, señalando que se habría recurrido a esos fondos para cubrir gastos urgentes del Estado. Además, mencionó que el país enfrenta un déficit financiero importante, relacionado con un endeudamiento acumulado y actividades económicas ineficientes durante la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Dirigentes del sector pasivo consideran que el anuncio confirma sospechas de larga data. Rodolfo Ayala, representante de la Confederación de Jubilados de Bolivia, recordó que ya solicitaron la apertura de procesos contra Arce, contra el exministro de Economía Marcelo Montenegro y contra la directora de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), María Esther Cruz. La denuncia apunta al presunto mal manejo de los aportes durante y después del traspaso de las AFP hacia la administración estatal.
Según Ayala, la deuda estatal con la Gestora ascendería a 40 millones de dólares, cifra que podría ser mayor luego de una verificación interna. El dirigente también cuestionó la salida del exgerente de la Gestora Pública, Jaime Durán, afirmando que renunció porque habría recibido solicitudes gubernamentales para desviar fondos hacia otras obligaciones fiscales. Durán rechazó estas acusaciones y aseguró que su renuncia fue por razones personales.
Tampoco se informó con claridad sobre los montos invertidos por las AFP en el extinto Banco Fassil, institución intervenida por irregularidades financieras y cuyos activos no han sido aclarados en su totalidad. La falta de reportes oficiales alimenta la preocupación de jubilados que temen que parte importante de su dinero esté involucrado en la quiebra del banco, calificada como una de las más grandes del sistema financiero.