La institución admitió al emitir un comunicado que sabía de unidades de tránsito ilegales usadas para extorsionar, tras el cierre de las mimas, no aclara responsabilidades ni inicia procesos contra implicados.
La Policía Boliviana reconoció que estaba al tanto de la existencia de comisarías de tránsito ilegales, utilizadas por algunos efectivos para extorsionar a ciudadanos. La admisión genera dudas sobre la supervisión y el control interno de la institución, que permitió durante años el funcionamiento de estas unidades irregulares.
Inicialmente, la Policía había anunciado el cierre inmediato de todas las comisarías de tránsito en el país. Sin embargo, rectificó su decisión y precisó que solo serían clausuradas las unidades que operaban de forma irregular o estaban vinculadas a prácticas de extorsión, mientras que las comisarías oficiales continúan funcionando normalmente.
El Comando General emitió el Memorándum Circular Nro. 82, que establece que las divisiones de tránsito deben depender directamente de las direcciones departamentales y no funcionar de manera autónoma. Según la Policía, esta medida busca eliminar puntos de control no autorizados y reforzar la transparencia del servicio.
El comunicado oficial reconoce que las comisarías ilegales operaban sin autorización institucional, pero no aclara si los responsables eran oficiales o suboficiales de la Policía, ni si se abrirán investigaciones o procesos disciplinarios o penales contra quienes participaron en la extorsión. Esta omisión mantiene un vacío sobre la rendición de cuentas y refuerza la percepción de tolerancia institucional frente a abusos.
