Una investigación del periodista Jorge Petinaud para Prensa Latina revela presuntos nexos entre actores políticos bolivianos y estrategias de desestabilización aplicadas previamente en Venezuela.
(Nota elaborada a partir del artículo original de Jorge Petinaud Martínez, corresponsal jefe en Bolivia, publicado por Prensa Latina)
La cientista política Helena Paz encendió las alertas en Bolivia al vincular recientes declaraciones del empresario boliviano-estadounidense Marcelo Claure con un presunto plan para replicar en Bolivia la estrategia de desconocimiento electoral utilizada por sectores de la oposición en Venezuela. La entrevista, publicada por Prensa Latina, deja entrever que la narrativa del «fraude electoral» podría estar siendo preparada desde ahora por plataformas opositoras y actores externos.
Claure, inversionista clave en Ausenco, una transnacional minera con intereses en el litio boliviano, confesó en un programa televisivo su intención de trasladar el modelo de «control electoral» aplicado por la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. «¿Cómo vamos a ayudar para que en estas elecciones haya un control electoral y no haya fraude? Ese es mi próximo proyecto», declaró, reconociendo su contacto directo con Machado.
Este tipo de afirmaciones llevaron a Paz a advertir que en caso de una derrota de la derecha en primera vuelta, ésta no aceptaría los resultados y recurriría a una campaña internacional de desprestigio contra el proceso electoral boliviano, apoyada en «conteos paralelos», actas adulteradas y pronunciamientos de organismos como la OEA. «A lo Machado en Venezuela», sintetizó la experta.
La estrategia tendría tres pilares: desacreditar al Tribunal Supremo Electoral acusándolo de parcialidad o judicialización; denunciar manipulación del conteo oficial; y sembrar dudas sobre la legitimidad del padrón electoral, especialmente en el voto exterior. Todo esto en un contexto de fragmentación dentro del oficialismo, donde Evo Morales, Andrónico Rodríguez y el presidente Luis Arce libran su propia pugna interna.
VIEJAS CARAS, NUEVAS PLATAFORMAS
A menos de dos meses de las elecciones generales previstas para el 17 de agosto, la aparición de la iniciativa «Cuidemos el Voto» levantó suspicacias. Presentada como una red nacional de vigilancia electoral, está conformada por 29 plataformas y grupos sociales, muchos de ellos con antecedentes de participación en protestas contra el Gobierno.
Durante su lanzamiento, Jhanisse Vaca Daza, directora de la ONG Ríos de Pie y vocera de la campaña, proclamó: «La democracia no se cuida sola. Hoy más que nunca, Bolivia necesita de su gente». Lo que omitió es que esta organización fue señalada por el semanario La Época de haber canalizado apoyo logístico y financiero de entidades estadounidenses, incluyendo la Usaid, para consolidar un frente opositor.
El 28 de mayo de 2024, ese medio boliviano denunció la existencia de un «pacto secreto» sellado en Miami entre partidos de la oposición boliviana, auspiciado por funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. El testimonio provino de Ronald McLean, excanciller de Bánzer y figura clave del conservadurismo criollo, quien alertó que el acuerdo busca articular una «alternativa de derecha» para los comicios.
La élite que se reunió en Florida, según la publicación, incluye a representantes de Comunidad Ciudadana, Creemos y al empresario Samuel Doria Medina. Si bien algunas agrupaciones declinaron participar, se trataría de un primer paso hacia la unificación total del espectro derechista.
UNA RED SUBTERRÁNEA
El reportaje también recupera investigaciones del periodista canadiense Jean Guy Allard y de la abogada estadounidense Eva Golinger, quienes han documentado durante años el papel de la Usaid como brazo político de la Casa Blanca. En sus trabajos, demostraron que dicha agencia utiliza ONG’s para promover agendas intervencionistas, especialmente en países que se oponen a la hegemonía de Washington.
Según Allard y Golinger, la Usaid opera en más de 80 países canalizando fondos hacia sectores afines, a menudo bajo el pretexto de «fomento a la democracia». En Bolivia, esta lógica habría sido replicada a través de Ríos de Pie y otras fundaciones.
El propósito, indica Prensa Latina, sería socavar la legitimidad de los comicios antes de su realización, mediante una campaña internacional y nacional de desprestigio. La metodología coincide con lo ocurrido en Venezuela tras la reelección de Maduro en 2018 y en Nicaragua, donde se acusó de fraude sin pruebas al reelegido Daniel Ortega.
UNA ALIANZA EN MARCHA
La cientista Helena Paz concluye que el plan cuenta con tres elementos articulados: una narrativa anticipada de fraude, el uso de plataformas ciudadanas financiadas por el exterior y la articulación de una derecha unificada que busque proyectarse como opción democrática.
«Esta es una estrategia de laboratorio importada, que ya fue ensayada en Venezuela y se intentó en Nicaragua. Ahora se pretende aplicar en Bolivia», afirmó.
Desde el oficialismo, diversos actores han advertido sobre la creciente injerencia externa y la necesidad de blindar el proceso electoral. No obstante, la división en las filas del MAS y el desgaste del Gobierno de Arce podrían facilitar el escenario para este tipo de operaciones.
