La Central Obrera Boliviana activó una denuncia pública nacional e internacional tras la detención de cinco de sus dirigentes, a quienes considera víctimas de un operativo irregular ejecutado sin respaldo legal.
La Central Obrera Boliviana (COB) denunció la aprehensión de cinco de sus dirigentes nacionales y afirmó que el procedimiento ejecutado el pasado 7 de junio vulneró garantías constitucionales y derechos fundamentales reconocidos por normas nacionales e internacionales.
Según el pronunciamiento difundido por la organización sindical, los dirigentes fueron interceptados mientras circulaban en un vehículo particular por la vía pública. La COB sostiene que los responsables del operativo actuaron vestidos de civil, con el rostro cubierto y portando armas, sin exhibir identificación policial ni presentar una orden de aprehensión emitida por autoridad competente.
La entidad señala además que, durante la intervención, se utilizó gas lacrimógeno dentro del motorizado para obligar a los ocupantes a descender. A criterio de la organización, esta actuación puso en riesgo la integridad física de los dirigentes y derivó en una detención que considera arbitraria.
De acuerdo con la denuncia, los cinco representantes sindicales permanecen en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). La COB afirma que no existe un informe policial de acción directa que respalde la medida, por lo que calificó el procedimiento como ilegal y contrario a las garantías del debido proceso.
La organización también expresó preocupación por la circulación de videos en redes sociales que, de confirmarse su autenticidad, mostrarían presuntos actos de violencia contra los detenidos. En ese sentido, pidió una investigación independiente para establecer responsabilidades y esclarecer los hechos.
En su comunicado, la COB sostuvo que la actuación denunciada vulnera derechos protegidos por la Constitución Política del Estado, además de compromisos internacionales asumidos por Bolivia, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.
La dirigencia obrera exigió la liberación inmediata de los cinco detenidos, solicitó la intervención del Defensor del Pueblo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la OIT, y declaró estado de emergencia nacional ante lo que considera una persecución contra la actividad sindical.
