Defensa del exministro de Economía busca que la sentencia sea revisada en la Asamblea Legislativa, alegando vulneración de derechos y falta de competencia del tribunal que emitió el fallo.
El equipo legal del exministro de Economía, José Luis Parada Rivero, presentó este lunes un recurso de amparo constitucional con el objetivo de que el proceso penal seguido en su contra por el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) sea trasladado a un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La medida responde a la sentencia emitida el pasado 9 de septiembre por el Juzgado Quinto de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer, que condenó a Parada a ocho años de cárcel. La misma decisión alcanzó a Guillermo Aponte, expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB). Ambos fueron procesados por la contratación de un crédito de 324 millones de dólares con el FMI, en plena emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, sin contar con la aprobación legislativa.
El abogado defensor, Fernando Rivero, explicó que el amparo no discute los hechos en sí, sino la presunta vulneración de derechos constitucionales durante el proceso. “La protección de los derechos del accionante es urgente, porque incluso antes de presentarse este recurso ya se dictó una condena contra Parada. Eso hace más necesario que se otorgue tutela inmediata”, señaló en declaraciones a la prensa.
La defensa insiste en que el juzgado que emitió el fallo carecía de competencia para tratar la causa, ya que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, las exautoridades de alto rango deben ser sometidas a un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa, y no a un proceso penal ordinario.
La condena contra Parada y Aponte se sustentó en cuatro delitos: resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Sin embargo, la defensa argumenta que durante el trámite no se respetaron principios básicos del debido proceso, entre ellos el derecho a ser juzgado por una autoridad competente, tal como establece el artículo 117 de la CPE.
El Gobierno de Luis Arce, parte acusadora en el caso, sostiene que la operación financiera con el FMI carecía de validez porque no pasó por el filtro legislativo exigido para este tipo de compromisos internacionales.
En respuesta, el equipo jurídico de Parada señala que en 2020 existían disposiciones legales que habilitaban la contratación de deuda externa sin necesidad de una autorización expresa del Legislativo. Citan la Ley 1267, referida al Presupuesto General del Estado, y la Ley 1293, que autorizaba créditos y donaciones destinadas a enfrentar la emergencia sanitaria.
Otro de los argumentos de la defensa apunta a que el verdadero daño económico al Estado no provino de la contratación del crédito, sino de la decisión del actual Gobierno de devolver anticipadamente los recursos al FMI, lo que habría ocasionado un perjuicio cercano a los 24 millones de dólares.
El recurso de amparo busca frenar la ejecución de la sentencia y forzar que el caso sea revisado en el marco de un juicio de responsabilidades. “Insistir en un proceso ordinario vulnera no solo las competencias judiciales, sino también garantías constitucionales básicas”, advirtió Rivero.
