La redistribución de ingresos propuesta por el Gobierno podría aliviar las finanzas regionales, pero también trasladaría nuevas obligaciones que representarían mayores dificultades para departamentos con escasa capacidad recaudatoria.
La propuesta de distribuir en partes iguales los ingresos públicos entre el nivel central y las regiones ha abierto una nueva etapa de análisis sobre el futuro financiero de las gobernaciones. Aunque el planteamiento busca fortalecer la autonomía económica de los departamentos, su aplicación podría generar efectos distintos según las características de cada región. En el caso de Beni y Pando, especialistas en administración pública y documentos oficiales coinciden en que el mayor desafío no está únicamente en cuánto dinero recibirán, sino en las responsabilidades que deberán asumir con esos recursos.
Más dinero no significa mayor capacidad
Durante años, ambas gobernaciones han dependido en gran medida de las transferencias provenientes del Tesoro General del Estado (TGE). Su limitada actividad industrial, el reducido número de empresas y una menor base tributaria hacen que sus ingresos propios sean considerablemente inferiores a los de departamentos como Santa Cruz, La Paz o Cochabamba.
La propuesta del 50/50 permitiría que las regiones administren una mayor proporción de los recursos nacionales. Sin embargo, esa redistribución también estaría acompañada por la transferencia de nuevas competencias en áreas como salud, educación, infraestructura y servicios públicos.
El propio presidente Rodrigo Paz explicó que el proyecto «no consiste solamente en repartir recursos, sino también en compartir responsabilidades», una definición que cambia el alcance de la iniciativa y amplía las obligaciones para las gobernaciones.
El costo de prestar servicios
Uno de los aspectos que más preocupa en Beni y Pando es el elevado costo que representa atender a una población dispersa en extensos territorios amazónicos.
La construcción y mantenimiento de caminos, el traslado de personal médico, la provisión de medicamentos o el funcionamiento de unidades educativas requieren inversiones superiores a las que demanda una región con mayor concentración poblacional.
En numerosas comunidades, el transporte depende de ríos o de conexiones aéreas, factores que incrementan significativamente los gastos de operación de cualquier programa público.
Dependencia de la inversión nacional
Actualmente, buena parte de los proyectos de infraestructura, salud y desarrollo productivo son financiados directamente por el Gobierno central.
Una redistribución de recursos que reduzca la capacidad de inversión nacional podría afectar el ritmo de ejecución de obras si las gobernaciones no cuentan con ingresos suficientes para reemplazar ese financiamiento.
El resultado dependerá de la estructura definitiva que tenga la futura ley y de los mecanismos de compensación que se incorporen para departamentos con mayores dificultades geográficas.
La fórmula será decisiva
El impacto del 50/50 no dependerá únicamente del porcentaje de distribución, sino de los criterios utilizados para asignar los recursos.
Si la futura norma considera variables como población, Beni y Pando partirían con desventaja debido a que concentran un porcentaje reducido de habitantes del país.
En cambio, si incorpora factores como extensión territorial, dispersión poblacional, aislamiento geográfico, costos de prestación de servicios y necesidades de conectividad, ambos departamentos podrían equilibrar esa diferencia y acceder a una distribución más favorable.
Mientras el proyecto continúa en etapa de socialización, gobernaciones y gobiernos subnacionales mantienen la atención sobre la redacción final de la propuesta, ya que de ella dependerá no solo el monto de recursos que administrarán, sino también la capacidad real para sostener los servicios públicos que hoy financia, en gran parte, el Estado.
BENI Y PANDO PERDERÍAN MUCHO CON EL REPARTO 50/50
