Las denuncias por toneladas de droga ocultas en madera abren cuestionamientos sobre controles estatales, empresas vinculadas y posibles responsabilidades institucionales.
El hallazgo de grandes cargamentos de droga ocultos en madera volvió a poner bajo presión a las instituciones encargadas de controlar el comercio exterior y la lucha contra el narcotráfico. Las denuncias por las denominadas “narcomaderas” no solo apuntan al volumen de sustancias incautadas en Chile, sino también a una serie de interrogantes sobre cómo estas cargas pudieron salir del país sin ser detectadas.
La senadora de Libre, Katia Quiroga, cuestionó la capacidad de respuesta del Estado y afirmó que Bolivia se encuentra ante una situación que requiere una investigación profunda. “Todo es tranca menos el narcotráfico”, señaló la legisladora al referirse a lo que considera una falla grave en los controles nacionales.
Quiroga aseguró que “45 contenedores con 108 toneladas de droga pasaron por nuestras narices” y planteó que el Senado debería conformar una comisión especial para investigar el caso durante cinco meses, con el objetivo de establecer responsabilidades y conocer la ruta que siguieron los cargamentos.
La parlamentaria sostuvo que existe una diferencia preocupante entre los controles que afectan a la población y la facilidad con la que organizaciones criminales logran mover grandes cantidades de sustancias ilícitas. “Hay un Estado tranca para el pueblo, pero autopista libre para el narcotráfico”, afirmó.
El caso también abrió cuestionamientos hacia la Cancillería por la situación del viceministro de Comercio Exterior, Rodrigo Arce, debido a la relación laboral de su esposa, Carmen Flores Terceros, quien ocupa un cargo ejecutivo en la empresa naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) en Bolivia.
Según reportes difundidos por medios nacionales, la compañía habría gestionado contenedores pertenecientes a algunas empresas investigadas dentro del caso de las cargas contaminadas detectadas en Chile.
CUESTIONAMIENTOS POR VÍNCULOS CON EMPRESA NAVIERA
Hasta la fecha de las denuncias públicas, la Cancillería no había emitido una posición oficial respecto a los cuestionamientos sobre la relación entre la autoridad de Comercio Exterior y la empresa vinculada al transporte marítimo de parte de las cargas investigadas.
El tema tomó mayor relevancia debido a que Arce viajó a Arica para recopilar información relacionada con el caso y conocer antecedentes sobre los contenedores observados por autoridades chilenas. Posteriormente informó que los datos obtenidos serían remitidos a las instancias correspondientes.
La senadora Quiroga consideró que la situación representa un problema de ética pública y afirmó que el viceministro debió apartarse del cargo mientras se desarrollan las investigaciones. “No es ético”, sostuvo, al señalar que la autoridad debería ponerse a disposición para aclarar cualquier duda.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, también pidió explicaciones y calificó como delicada la relación entre la autoridad nacional y una empresa naviera involucrada en el movimiento de contenedores observados.
Velasco indicó que Arce debió excusarse previamente si existía una relación familiar con una empresa del sector directamente relacionado con el comercio exterior. Además, reclamó transparencia al Gobierno para evitar que estos hechos afecten la imagen del país, las exportaciones y la inversión privada.
El caso no se limita al cargamento detectado en Chile. También surgieron denuncias por otra carga de madera que presuntamente intentaba salir del país con destino a Estados Unidos mediante un vuelo de Boliviana de Aviación (BOA).
ANTECEDENTES YA HABÍAN GENERADO ALERTAS
El expresidente Evo Morales pidió que se investigue a los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) que presuntamente participaron en el traslado de la carga hasta el aeropuerto.
Morales afirmó que deben identificarse a los responsables de la operación y conocer quién autorizó el movimiento del cargamento. “El Ministerio de Gobierno tiene que detener a los miembros de la FELCN que llevaron el cargamento al aeropuerto”, expresó, además de exigir información sobre quién ordenó el procedimiento.
También cuestionó que, si el caso no es aclarado, la población podría interpretar que la carga tenía algún vínculo con sectores del poder.
Por su parte, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga observó la utilización de una aeronave comercial para transportar madera y señaló que existen dudas sobre la lógica económica de ese procedimiento. “Exportar madera en avión comercial pagando esos costos es muy difícil de justificar”, afirmó.
Según Quiroga, el uso de una ruta aérea para un producto que normalmente se moviliza por vía terrestre o marítima genera interrogantes que deben ser respondidos por las autoridades.
Los antecedentes del caso muestran que la alerta no comenzó con el decomiso de las 108 toneladas. En marzo, autoridades chilenas ya habían reportado el hallazgo de aproximadamente 68 toneladas de sustancias ilícitas ocultas en productos provenientes de Bolivia.
Aquella información fue difundida por medios bolivianos y chilenos, donde se informó que la droga estaba impregnada en madera y otros materiales. Sin embargo, las críticas apuntan a que en Bolivia no se generaron acciones suficientes para evitar que una situación similar volviera a repetirse.
Las observaciones alcanzan a distintas instituciones vinculadas al control de exportaciones, como la Aduana Nacional, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (Senavex).
Los registros de exportación, las rutas utilizadas y las empresas vinculadas a los contenedores quedaron bajo revisión de las autoridades. El caso de la narcomadera continúa generando pedidos de información sobre los controles que se aplicaron antes de la salida de las cargas desde territorio boliviano.
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