El Decreto 5503 elevó combustibles, disparó tarifas del transporte urbano, interprovincial e interdepartamental y provocó paros, bloqueos anunciados y rechazo sindical, minero, gremial, campesino y regional en Bolivia actual inmediato.
La aprobación del Decreto Supremo 5503 por parte del presidente Rodrigo Paz generó una reacción social adversa de alcance nacional. La molestia se expresó de manera mayoritaria en distintos sectores, con escaso respaldo público a la medida que dispuso el incremento del precio de los combustibles. El primer impacto fue inmediato y visible: el alza de tarifas del transporte en municipios, rutas interprovinciales e interdepartamentales.
En La Paz, el transporte sindicalizado activó la protesta más concreta. La Federación Departamental de Choferes confirmó un paro de 24 horas desde las 00:00 de este viernes. Su secretario ejecutivo, Edson Valdez, informó en conferencia de prensa que la decisión fue asumida por las bases y que la principal demanda es la abrogación del decreto. Advirtió que, si no existe una respuesta oficial, desde el lunes la medida se transformará en indefinida.
La reacción se extendió rápidamente a otros departamentos. Federaciones de choferes de Santa Cruz, Cochabamba y Oruro comunicaron su predisposición a coordinar acciones con La Paz, incluyendo bloqueos y suspensión de servicios. Dirigentes regionales señalaron que el ajuste en combustibles fue trasladado de forma directa a las tarifas y fletes, afectando la operatividad diaria del sector.
El sector minero también manifestó rechazo. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) difundió un pronunciamiento público en el que cuestiona el incremento del combustible por su impacto en los costos productivos. La organización anunció movilizaciones escalonadas y no descartó medidas de alcance nacional. En su comunicado, los dirigentes advirtieron que el aumento incide en el precio de insumos y en la economía de los trabajadores.
Los gremiales se sumaron a las medidas de presión. Representantes del sector comercial informaron sobre bloqueos intermitentes y la ampliación de protestas, al considerar que el encarecimiento del combustible incrementa los costos de transporte y almacenamiento. Voceros gremiales señalaron que la presión sobre los precios compromete la sostenibilidad de pequeños negocios y ventas diarias.
El transporte pesado e interdepartamental evaluó un cese de actividades y bloqueos en rutas troncales. Sus dirigentes demandaron garantías de abastecimiento de diésel y mecanismos de compensación ante el aumento de costos. En zonas rurales, organizaciones campesinas y productivas anticiparon movilizaciones locales por el encarecimiento del traslado de productos e insumos agrícolas.
Autoridades originarias de ayllus de Potosí y Oruro sostuvieron reuniones con el vicepresidente Edmand Lara, quien expresó públicamente su rechazo a las medidas adoptadas por el Ejecutivo. La Central Obrera Boliviana convocó a un ampliado de emergencia con sus organizaciones afiliadas para definir acciones frente al denominado “gasolinazo nacional”. Su secretario ejecutivo, Mario Argollo, afirmó que la medida afecta de forma directa a los trabajadores y a los sectores con menores ingresos.
En contraste, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia respaldó el levantamiento de la subvención a los combustibles como parte de un proceso de ordenamiento económico, mientras que la Cámara Agropecuaria del Oriente solicitó políticas complementarias para mitigar el impacto en los costos productivos y asegurar el abastecimiento de diésel. El Gobierno reiteró su disposición al diálogo, pero confirmó que el Decreto Supremo 5503 no será modificado.