El ministro Oviedo confirmó que Armin Dorgathen abandonó Bolivia por un paso irregular, pese a alertas migratorias, lo que desató fuertes cuestionamientos institucionales y una investigación sobre responsabilidades operativas.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, dejó el país por una vía no autorizada y habría ingresado a territorio brasileño. La revelación generó un nuevo foco de controversia debido a que, pese a existir órdenes de aprehensión y alertas migratorias vigentes, una determinación judicial en Santa Cruz dejó sin efecto la medida que impedía su salida.
De acuerdo con el ministro, el procedimiento iniciado por la Policía y la Fiscalía se desarrolló según los protocolos establecidos. El exejecutivo fue presentado ante el Ministerio Público, que posteriormente activó una orden de aprehensión y notificó a la Dirección Nacional de Migración. Sin embargo, la decisión emitida por un juez permitió que Dorgathen recuperara su libertad, situación que derivó en su inmediata huida del país. “La institución policial hizo su trabajo, la Fiscalía cumplió con lo que corresponde, pero una resolución en Santa Cruz frustró todo el operativo”, señaló la autoridad.
En los últimos días, circularon fotografías en redes sociales que muestran a una persona con características similares a Dorgathen en la zona fronteriza de Corumbá, Brasil. Según Oviedo, estas imágenes fortalecen la hipótesis de que el exfuncionario cruzó la frontera de manera clandestina. “Es inadmisible que decisiones judiciales faciliten la fuga de investigados en casos tan sensibles para el país”, cuestionó.
El caso provocó preocupación en el Gobierno, que considera que la actuación judicial contradice los esfuerzos institucionales encaminados a esclarecer presuntas irregularidades en la administración de combustibles y en los contratos de importación vinculados a la empresa Botrading. Oviedo remarcó que lo sucedido compromete la credibilidad del sistema judicial y dificulta el avance en las investigaciones sobre corrupción dentro de la estatal petrolera.
Frente a esta situación, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, afirmó que corresponde a la Policía Boliviana y a la Dirección Nacional de Migración explicar en detalle lo ocurrido. Precisó que ambas instituciones tienen responsabilidades operativas en la ejecución de órdenes de aprehensión y en la activación de alertas migratorias. “Son estas entidades las que deben informar por qué no se logró evitar la salida del país”, sostuvo desde Santa Cruz.