Dos comunarios de Cotapachi murieron con impactos de bala en el corazón durante un operativo policial, mientras que más de diez personas resultaron heridas, según denunció el abogado de las víctimas, Eduardo Mérida. El jurista calificó la acción como una intervención con «saña» que vulneró la integridad de los pobladores y responsabilizó también a autoridades municipales de Quillacollo y Colcapirhua por la escalada del conflicto limítrofe.
En declaraciones a la red UNO, Mérida precisó que los fallecidos recibieron disparos mientras se encontraban a aproximadamente un kilómetro del límite que motivó el bloqueo de vías y que murieron frente a sus domicilios. «Se han entrado a las víctimas, los comunarios cuentan que estaban con revólver y les han apuntado. Los que han muerto, han muerto con balas en el corazón; es decir, hay casquillos por el lugar», aseguró.
El abogado denunció que la resistencia de los pobladores fue real, pero que la respuesta policial excedió cualquier protocolo de contención. «En vez de convocar al diálogo y proteger la vida de los comunarios, ingresaron no solamente al botadero, lo cruzaron e irrumpieron en la comunidad disparando», explicó. Además, aseguró que al menos 15 comunarios están listos para declarar sobre la actuación de personas vestidas con trajes que Mérida describió como «dálmata», quienes habrían sacado revólveres de sus bolsillos durante los enfrentamientos.
Los heridos incluyen hombres, mujeres y niños afectados también por gases lacrimógenos. Mérida denunció que los agentes policiales irrumpieron en hogares, provocando llanto y pánico entre menores y maltrato hacia mujeres. «Se entraron a victimar… dispararon gases lacrimógenos al interior de las casas, hicieron llorar a niños, maltrataron a mujeres», subrayó.
La Policía, por su parte, todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre los relatos de disparos al corazón, aunque fuentes de la fuerza del orden descartaron el uso de armas de fuego en el operativo. Esta contradicción ha generado incertidumbre en la comunidad, que exige investigación y sanción para los responsables de las muertes y de la violencia ejercida durante el operativo.
