La denuncia presentada por el Ministerio de Defensa abrió una nueva disputa sobre el sistema de radares adquirido para el control del espacio aéreo. Mientras el Gobierno habla de un perjuicio de Bs 1.478 millones, exautoridades rechazan las acusaciones y piden pruebas.
La denuncia penal presentada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y el procurador general del Estado contra 19 personas por presuntas irregularidades en la compra e implementación del sistema de radares franceses ha provocado una dura reacción de los exministros involucrados, quienes niegan haber causado daño económico al Estado y sostienen que las responsabilidades deben establecerse sobre la base de informes técnicos y no de acusaciones políticas.
EL GOBIERNO APUNTA A CUATRO EXMINISTROS
La querella alcanza a los exministros de Defensa Reymi Ferreira, Javier Zavaleta, Fernando López y Edmundo Novillo, además de otras personas vinculadas al proyecto de vigilancia aérea contratado en 2016.
Según explicó Justiniano, la denuncia se sustenta en una auditoría que detectó observaciones en el sistema adquirido. De los 13 radares instalados, aseguró que solo dos estarían operando sin observaciones, mientras que nueve presentan fallas o restricciones y otros dos no funcionan.
La autoridad afirmó que el contrato establecía la entrega de un sistema integral, completamente operativo y en funcionamiento. Además, observó que gran parte de los recursos comprometidos ya fueron cancelados pese a que, según la auditoría, el proyecto no habría sido entregado en las condiciones previstas.
Para explicar la situación, Justiniano recurrió a una comparación gráfica: recibir el sistema en esas condiciones, dijo, sería “como que te entregan un auto sin ruedas”.
El procurador Hugo León indicó que el supuesto perjuicio económico alcanza a Bs 1.478 millones y señaló que esa cifra deberá ser investigada por el Ministerio Público dentro del proceso penal abierto por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos e incumplimiento de deberes.
ZAVALETA RECHAZA LAS ACUSACIONES
Uno de los principales señalados en la denuncia es Javier Zavaleta, quien ocupó el Ministerio de Defensa durante el gobierno de Evo Morales. El exministro rechazó de manera categórica la versión oficial y sostuvo que no existe daño económico porque los equipos fueron entregados y se encuentran instalados en territorio nacional.
“Habría daño económico si no hubiera radares”, afirmó.
Zavaleta aseguró que los equipos fueron provistos por una empresa francesa y continúan siendo utilizados por la Fuerza Aérea Boliviana. También cuestionó la falta de precisión en las observaciones difundidas por el Gobierno.
“Si hay radares con deficiencias, que digan cuáles son”, manifestó al recordar que los contratos contemplan garantías para exigir correcciones técnicas al proveedor.
La exautoridad sostuvo además que el contrato original fue suscrito en 2016 durante la gestión de Reymi Ferreira y remarcó que durante su administración no se incrementó el monto contratado.
Asimismo, reconoció que el proyecto sufrió retrasos y señaló que la entrega, prevista inicialmente para 2020, terminó concretándose en 2025.
EXIGE PRUEBAS SOBRE PRESUNTA CORRUPCIÓN
Zavaleta también cuestionó las insinuaciones sobre posibles hechos de corrupción vinculados al proyecto.
“Si tiene pruebas de que alguien ha recibido coimas, que lo presente rápidamente”, declaró.
Aseguró que durante el tiempo que estuvo al frente del Ministerio de Defensa no recibió denuncias formales ni evidencias relacionadas con pagos irregulares.
El exministro afirmó que se presentará ante las autoridades para responder a cualquier requerimiento fiscal y defendió su actuación en la administración pública.
“No va a ser fácil enlodar mi nombre con corrupción”, expresó, al sostener que nunca utilizó recursos estatales para beneficio personal.
FERREIRA ANUNCIA QUE ENFRENTARÁ LA INVESTIGACIÓN
Reymi Ferreira, quien firmó el contrato inicial para la adquisición de los radares, también se pronunció sobre la denuncia.
El exministro indicó que se someterá a las investigaciones que disponga la Fiscalía y aseguró que espera que el caso sea tratado respetando el debido proceso.
“Si al final un juez o un fiscal decide meternos preso, voy a ir preso”, manifestó.
Ferreira rechazó que pueda afirmarse que los más de 190 millones de dólares comprometidos en el proyecto se hayan perdido y recordó que el sistema se encontraba en fase de implementación cuando dejó el cargo.
Explicó además que durante su gestión se realizaron dos modificaciones al contrato: una relacionada con cambios societarios de la empresa contratista y otra destinada a ampliar instalaciones operativas solicitadas por la Fuerza Aérea.
El exministro sostuvo que detrás del caso existen intereses que van más allá de las observaciones técnicas y calificó de “tétrico” el escenario que rodea actualmente al proyecto.
LÓPEZ SE DECLARA A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA
Por su parte, Fernando López, exministro durante el gobierno de Jeanine Áñez, utilizó sus redes sociales para responder a la denuncia.
“Estoy a su disposición y de la justicia”, escribió al dirigirse a Justiniano.
López señaló que espera ejercer su defensa en libertad y conocer los elementos que sustentan la acusación formulada por el Ministerio de Defensa.
La denuncia presentada por el Gobierno coloca nuevamente bajo examen uno de los proyectos de defensa más costosos ejecutados por el Estado boliviano. Mientras las autoridades sostienen que existen observaciones graves y un millonario posible perjuicio económico, los exministros implicados afirman que los radares fueron entregados, niegan irregularidades en la contratación y anticipan que responderán ante la justicia para desmontar las acusaciones en su contra.
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