Autoridades económicas confirmaron que la redistribución prometida de ingresos estatales no será aplicada en 2026, mientras gobernaciones y municipios expresan inquietud por el retraso de la reforma fiscal.
La decisión del Gobierno de no implementar en 2026 el esquema de distribución equitativa de recursos fiscales entre el nivel central y las entidades subnacionales abrió un nuevo escenario de debate político y social en el país. La confirmación oficial, realizada por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, dejó en evidencia las dificultades estructurales que enfrenta la actual administración para materializar una de sus principales promesas de campaña.
Según la explicación brindada por la cartera económica, el principal obstáculo es el Presupuesto General del Estado (PGE) ya aprobado para la gestión 2026 durante el gobierno anterior. Este factor, indicaron, limita la capacidad de modificar de manera inmediata la arquitectura de distribución de los ingresos públicos, especialmente en áreas sensibles como salud, educación, infraestructura y programas sociales.
El Ejecutivo remarcó que la reforma del esquema de coparticipación implica un proceso técnico de gran alcance, que requiere ajustes simultáneos en el régimen tributario, en las competencias de los distintos niveles de gobierno y en la normativa que regula la asignación de transferencias. Estas transformaciones, explicaron fuentes oficiales, deben pasar obligatoriamente por la Asamblea Legislativa, lo que extiende los plazos y obliga a una negociación política de alta complejidad.
Desde las gobernaciones y alcaldías, la reacción no tardó en manifestarse. Varias autoridades subnacionales señalaron que la postergación impacta directamente en su planificación financiera, debido a que esperaban mayores márgenes de autonomía para ejecutar proyectos de desarrollo local. Representantes municipales también advirtieron que la falta de recursos adicionales podría retrasar obras de infraestructura básica y programas de atención social en zonas vulnerables.
A pesar de este panorama, el ministro Espinoza sostuvo que el Gobierno no aplicará recortes en servicios esenciales ni pondrá en riesgo el cumplimiento de obligaciones financieras. Afirmó que la prioridad se centra en garantizar el funcionamiento del Estado y mantener la estabilidad fiscal en un contexto de restricciones heredadas, compromisos de deuda y baja disponibilidad de liquidez.
La propuesta de distribución 50/50 fue presentada en su momento como un giro profundo al modelo centralista que predominó durante varios años. El actual presidente, Rodrigo Paz, defendió esta iniciativa como un mecanismo para fortalecer la descentralización, estimular el mercado interno y promover una gestión pública más eficiente y cercana a la población. La promesa, sin embargo, enfrenta ahora los límites de la estructura legal y presupuestaria vigente.