El Ejecutivo ratifica el aumento a la Renta Dignidad como compromiso ineludible, aunque evita fijar cifras concretas, mientras jubilados advierten que no aceptarán más postergaciones.
El Gobierno tuvo que salir a aclarar su postura respecto al incremento de la Renta Dignidad, luego de que organizaciones de jubilados intensificaran la presión y advirtieran medidas de fuerza si la promesa electoral volvía a quedar en discurso. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, aseguró este martes que el aumento del beneficio para los adultos mayores no será negociable y que se cumplirá conforme a lo comprometido durante la contienda electoral. Sin embargo, evitó dar un monto específico y se limitó a señalar que el anuncio se hará “de manera formal” en próximos días.
Espinoza recordó que la mejora de la Renta Dignidad fue parte central del plan económico planteado por el binomio vencedor en las elecciones. Durante ese período, Edman Lara, entonces candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), aseguró que el beneficio llegaría a los 2.000 bolivianos de manera progresiva, empezando con un incremento inicial de 500 bolivianos. La promesa fue ratificada públicamente tras el triunfo en primera vuelta, reiterando que la estructura financiera para sostener el aumento estaba garantizada.
“Nosotros, junto a Rodrigo Paz, no mentimos, y les decimos que la Renta Dignidad que hemos prometido se va a dar para todos los adultos mayores”, proclamó Lara en un acto de campaña en el municipio de Colquiri, convencido de que cumplir esa oferta significaría un alivio directo para quienes trabajaron toda su vida y hoy dependen de ingresos que no alcanzan frente al costo de vida actual.
El tema, ahora nuevamente en el centro del debate público, fue incluido en la presentación de las denominadas primeras medidas para recuperar la institucionalidad y estabilizar la economía del país. En ese contexto, Espinoza explicó que se está solicitando al Congreso la devolución de la Ley del Presupuesto para realizar los ajustes necesarios que permitan financiar el incremento comprometido. Con ello, la administración busca despejar dudas y mostrar que el incremento no es solo una declaración política, sino parte de un plan fiscal en construcción.
Mientras tanto, los jubilados han puesto sobre la mesa un cronograma claro. La Confederación de Jubilados de Bolivia recordó que el compromiso fue comenzar en enero próximo con un aumento de 350 a 500 bolivianos, para luego avanzar gradualmente hasta alcanzar los 2.000 bolivianos al final del mandato. Rodolfo Ayala, ejecutivo nacional del sector, fue directo al marcar los tiempos: “Paulatinamente va a subir y, a partir de enero, tendría que ser de 500 bolivianos. De ahí iremos viendo, porque ellos mismos dijeron que al finalizar la gestión se alcanzará la totalidad de los 2.000”.
El malestar entre adultos mayores creció durante las últimas semanas, no solo por la demora en la comunicación oficial, sino por la incertidumbre que se genera cuando las autoridades evitan poner fechas y cifras precisas. Para ellos, el silencio gubernamental abre la puerta a retrocesos y dilaciones. Por eso advierten que no permitirán que la promesa se diluya con tecnicismos burocráticos ni con nuevas excusas presupuestarias.
Aunque Espinoza reiteró que la decisión política está tomada y el incremento será una realidad, el Gobierno todavía analiza el momento y la forma de anunciar el nuevo monto. Hasta ahora, solo se ha comprometido a una comunicación formal cuando el flujo financiero esté completamente asegurado y el paquete económico cuente con el visto bueno del Legislativo.