La administración de Rodrigo Paz suprime cuatro gravámenes, entre ellos el impuesto a las grandes fortunas, alegando trabas económicas, pese a que su eliminación favorece directamente a los mayores acaudalados del país.
El Gobierno anunció este martes un paquete de decisiones económicas que reconfigura el rumbo fiscal para 2026 y redefine el rol del Estado en materia tributaria. La eliminación del impuesto a las grandes fortunas —enmarcada junto a la supresión de otros tres gravámenes menores— se convirtió en el eje central de un mensaje que busca proyectar señales al sector privado, pero que al mismo tiempo desata un debate crítico sobre los beneficios concedidos a quienes concentran mayor riqueza.
En una conferencia conjunta, el presidente Rodrigo Paz y el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, justificaron la medida asegurando que este tributo habría provocado la salida de más de 2.000 millones de dólares en inversiones hacia países vecinos. Según Paz, la vigencia del impuesto generó un clima de incertidumbre que “trasladó capitales a Paraguay y otros destinos”, afectando la llegada de nuevos proyectos y restando dinamismo a actividades estratégicas. El argumento gubernamental insiste en que la carga fiscal para los grandes patrimonios no aportó retornos al país y, por el contrario, habría operado como un impedimento estructural.
Espinoza reforzó esa narrativa al señalar que los impuestos eliminados no superan el 1% de las recaudaciones anuales, aunque aclaró que cada uno produjo fricciones en la actividad económica. Sin embargo, la medida no deja de llamar la atención, ya que implica renunciar a un instrumento diseñado para fortalecer la progresividad tributaria y evitar que los sectores de mayores ingresos permanezcan al margen de los esfuerzos recaudatorios del Estado.
Junto a la eliminación de los cuatro tributos —a las grandes fortunas, a las transferencias financieras, al juego y a las promociones empresariales—, el Ministerio de Economía anunció una reprogramación del Presupuesto General del Estado para 2026. El Ejecutivo enviará de inmediato a la Asamblea Legislativa un proyecto de revisión del presupuesto, con el mandato de reducir el gasto fiscal en al menos un 30%. Espinoza precisó que la medida equivale a un recorte cercano a cuatro puntos porcentuales del PIB, lo que obligará a disminuir de forma drástica el gasto corriente y a reestructurar dependencias públicas.
La administración también enfrenta obligaciones pendientes: el Estado mantiene una deuda de 7.000 millones de bolivianos acumulada desde 2023, de los cuales aproximadamente 5.000 millones no fueron registrados adecuadamente en los sistemas oficiales. Esta falta de orden administrativo derivó en retrasos sistemáticos. A partir de la próxima semana, el Gobierno convocará a los acreedores para establecer cronogramas de pago, priorizando las obligaciones más atrasadas. En paralelo, el Ministerio de Economía publicará diariamente todos los desembolsos realizados, en un intento por reforzar la transparencia.
A pesar de que la narrativa oficial se centra en la necesidad de dinamizar la inversión, la supresión del impuesto a las grandes fortunas reabre una discusión más profunda: la renuncia del Estado a mecanismos diseñados para equilibrar cargas y evitar privilegios fiscales. Mientras el Ejecutivo afirma que la medida liberará a la economía de “trabas inútiles”, el resultado inmediato es permitir que los patrimonios más altos dejen de contribuir con un impuesto creado precisamente para evitar que grandes capitales acumulen riqueza sin aportar proporcionalmente al país.