El Gobierno de Rodrigo Paz oficializó un severo paquete de ajuste que dispara hasta 163% los combustibles, compensa con alzas salariales y bonos, y reabre el debate sobre costos sociales, inflación y credibilidad económica.
El presidente Rodrigo Paz Pereira confirmó este miércoles la aplicación inmediata de un gasolinazo que eleva de forma abrupta los precios de los combustibles en Bolivia, como eje central de un paquete de ajuste económico que el Ejecutivo justifica como inevitable para “recuperar la economía nacional”. La medida, anunciada junto a todo el gabinete ministerial, establece incrementos de un 86,1% en la gasolina especial y de 163% en el diésel, en un contexto de fragilidad económica, escasez de divisas y creciente presión sobre los ingresos familiares.
El aumento fue oficializado mediante decreto supremo, que fija nuevos precios por un periodo inicial de seis meses. Según la información brindada por el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, el litro de gasolina especial pasa a costar Bs 6,96, la gasolina premium Bs 11 y el diésel Bs 9,80. El decreto incluye además la exclusión del diésel de la lista de sustancias controladas, con el argumento de facilitar su importación y asegurar el abastecimiento interno.
El anuncio provocó una reacción inmediata en las principales ciudades del país. Horas antes de la entrada en vigencia de los nuevos precios, cientos de ciudadanos acudieron a estaciones de servicio para abastecerse, generando largas filas y escenas que no se observaban desde anteriores episodios de ajuste en los carburantes. La mayoría de los surtidores optó por suspender la venta al público tras conocerse la decisión gubernamental, lo que incrementó la tensión social y la incertidumbre.
Desde el Ejecutivo se intentó amortiguar el impacto político y social del gasolinazo con un conjunto de medidas compensatorias que comenzarán a aplicarse a partir del 2 de enero de 2026. Entre ellas, se confirmó un incremento del salario mínimo nacional del 16,1%, que pasará de Bs 2.750 a Bs 3.300, monto que se mantendrá vigente hasta fin de ese año, cuando se evaluará un nuevo ajuste en diálogo con trabajadores y empresarios.
Asimismo, el Gobierno anunció un aumento de la Renta Dignidad para adultos mayores de 60 años, que subirá de Bs 350 a Bs 500, y un incremento del Bono Juancito Pinto, que pasará de Bs 200 a Bs 300 para estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio. Estas medidas también entrarán en vigor en 2026 y, según el Ejecutivo, buscan proteger a los sectores más vulnerables frente al encarecimiento general de la economía.
A este paquete se suma la creación de un Programa Extraordinario de Protección y Equidad, que entregará hasta Bs 600 anuales a padres, madres y tutores sin aportes contributivos, mediante pagos de Bs 200 cada cuatro meses, equivalentes a Bs 50 mensuales. Paz evitó calificar esta política como asistencialismo y la presentó como una respuesta mínima a la situación social heredada. “Es ayudar a las familias que quedaron destruidas después del saqueo de los últimos 20 años”, afirmó.
En el plano macroeconómico, el Presidente anunció además un régimen extraordinario de repatriación de capitales, con una tasa impositiva del 0% para quienes traigan recursos del exterior e inviertan en actividades productivas dentro del país. El beneficio excluye expresamente capitales vinculados al narcotráfico, el terrorismo y la corrupción, y busca, según el Gobierno, recuperar liquidez y dinamizar la economía interna.
La narrativa oficial sostiene que el ajuste es consecuencia directa de una herencia económica crítica. Paz responsabilizó a administraciones anteriores de haber “saqueado” el país y de haber dejado a Bolivia en una situación límite. En el cierre de su mensaje, utilizó un tono dramático para justificar la dureza de las decisiones adoptadas: “Bolivia está enferma. La arrasaron como en la guerra. Nos dejaron en la peor crisis económica, financiera, social y ambiental de nuestra historia”.
