El IPS y varias cajas previsionales colocaron miles de millones en el banco intervenido. La recuperación de esos recursos preocupa a trabajadores, jubilados y autoridades responsables.

Gentileza Martín Vásquez
Periodista, Asunción, Paraguay 
La intervención de Ueno Bank puso bajo revisión una parte importante de los recursos financieros administrados por las instituciones previsionales de Paraguay. El Instituto de Previsión Social (IPS), la Caja Bancaria, Cajubi y la caja de jubilaciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) figuran entre los grandes depositantes de la entidad, cuyos servicios quedaron paralizados después de que el Banco Central detectara graves problemas de solvencia.
La situación abrió interrogantes sobre la administración de las reservas de los trabajadores, los mecanismos de control utilizados para colocar esos fondos y las consecuencias que podría tener una recuperación incompleta de las inversiones.
El caso del IPS concentra la mayor preocupación porque se trata de la institución que administra los recursos destinados a financiar prestaciones de salud y jubilaciones de miles de trabajadores paraguayos.
EL IPS TENÍA US$355 MILLONES INVERTIDOS
El Instituto de Previsión Social mantenía aproximadamente US$355 millones en inversiones en Ueno Bank, según información divulgada después de la intervención. En la nómina de grandes depositantes aparecen G. 1,74 billones en certificados de depósito de ahorro.
La exposición también alcanza a otras instituciones previsionales. La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines registraba G. 186.250 millones; Cajubi, correspondiente al personal de Itaipú Binacional, G. 100.691 millones; y la caja del personal de ANDE, G. 30.000 millones.
Son recursos pertenecientes a sistemas que deben administrar aportes y reservas para cumplir compromisos con sus afiliados. La intervención no significa que esas cantidades hayan desaparecido, pero sí que su disponibilidad y recuperación quedaron sujetas al procedimiento financiero establecido por el Banco Central.
LA CONTRALORÍA YA HABÍA ADVERTIDO SOBRE LA CONCENTRACIÓN
El problema del IPS no comenzó con la decisión de intervenir Ueno. En septiembre de 2026, la Contraloría General de la República divulgó los resultados de una auditoría sobre las inversiones financieras de la previsional.
El documento mostró que las colocaciones en Ueno habían aumentado de manera acelerada. Antes de completar su transformación en banco, hacia finales de 2023, la entidad recibía inversiones del IPS por montos aproximados de G. 70.000 millones a G. 80.000 millones en certificados de depósito.
Posteriormente, los saldos superaron G. 1,60 billones, equivalentes a cerca del 19,7% del inventario total de esos certificados en el período examinado.
La Contraloría consideró significativa la exposición de los recursos previsionales en una sola entidad financiera privada y señaló la importancia de fortalecer la diversificación de las inversiones para evitar que una contingencia bancaria comprometa una parte considerable del patrimonio institucional.
LAS JUBILACIONES NO SE SUSPENDEN, PERO EXISTE UN PROBLEMA PATRIMONIAL
Las autoridades del IPS salieron a aclarar que la intervención de Ueno no impedirá el pago mensual de las jubilaciones.
La gerente financiera de la institución, Gladys Vera, explicó que los haberes jubilatorios se financian con los aportes obrero-patronales y no dependen directamente de las inversiones financieras colocadas en el banco intervenido.
También aseguró que el aguinaldo de los jubilados se pagará conforme al cronograma establecido, utilizando recursos provenientes de intereses y rentas que ya estaban reservados para ese fin.
El instituto informó, además, que aproximadamente 32.000 jubilados cobraban sus haberes mediante Ueno y que se iniciaron gestiones para habilitar sus cuentas en otra entidad bancaria.
La situación de esos beneficiarios es distinta de la recuperación de las inversiones institucionales. Una cosa es garantizar que una persona reciba su jubilación y otra determinar cuánto dinero podrá recuperar el IPS de los certificados y bonos colocados en Ueno.
LAS OTRAS CAJAS TAMBIÉN DEBEN RESPONDER
La Caja Bancaria, Cajubi y la caja de ANDE deberán informar sobre sus operaciones, los criterios utilizados para seleccionar a Ueno y los mecanismos de protección de sus inversiones.
El problema no se limita al valor de los depósitos. También debe examinarse si existían límites internos de concentración, cómo se evaluó la solvencia del banco y qué medidas se tomaron después de las primeras advertencias regulatorias.
La situación es especialmente sensible porque los fondos previsionales no son recursos de libre disposición de los administradores. Su finalidad es respaldar obligaciones futuras con los trabajadores que realizaron aportes durante su vida laboral.
EL COSTO DE UNA RECUPERACIÓN INCOMPLETA
El Banco Central paraguayo estableció una garantía de hasta G. 228,3 millones por depositante y entidad financiera. Sin embargo, las instituciones previsionales tienen saldos muy superiores a ese límite, por lo que la recuperación de los excedentes dependerá de los mecanismos legales y del patrimonio que pueda recuperarse.
El Gobierno anunció iniciativas para proteger los depósitos públicos y previsionales. El Congreso comenzó a tratar medidas extraordinarias destinadas a facilitar la devolución de los recursos estatales.
La aplicación de esos mecanismos tendrá consecuencias sobre las finanzas públicas, porque será necesario determinar qué instituciones asumirán los costos y de dónde saldrán los recursos para atender los saldos que excedan la garantía ordinaria.