La orden fiscal por narcotráfico salió un día antes de su anuncio de exilio. Saucedo denuncia persecución política, mientras la Fiscalía prepara una solicitud ante Interpol y el TSJ enfrenta su ausencia.
La situación judicial de Rómer Saucedo pasó de las denuncias públicas a una orden formal de aprehensión por presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. El documento, fechado el 3 de noviembre en La Paz, fue emitido un día antes de que el entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunciara que abandonó Bolivia junto a su esposa y sus tres hijos, alegando persecución política y amenazas contra su vida.
La decisión fiscal abrió un nuevo capítulo en el conflicto que rodea a la máxima autoridad judicial del país. Por un lado, el Ministerio Público sostiene que existen elementos para investigarlo y considera necesaria su comparecencia. Por el otro, Saucedo afirma que no existen garantías para él ni para su familia y anunció que no renunciará a su condición de magistrado.
La resolución fue suscrita por los fiscales Daniel Portales Barja y Edwin Alfonso Sarmiento Valdivia, integrantes de una comisión especializada en delitos de narcotráfico y otras áreas. El requerimiento invoca el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal y menciona los artículos 48 de la Ley 1008 y 132 bis del Código Penal.
La Fiscalía sostiene que existen indicios para considerar a Saucedo probable autor de los hechos investigados. Sin embargo, la orden de aprehensión no representa una sentencia ni establece su responsabilidad penal.
LOS ARGUMENTOS DE LA ORDEN FISCAL
El documento fundamenta la medida en riesgos procesales relacionados con una eventual fuga y la posible obstaculización de las investigaciones.
Entre los argumentos figura que Saucedo no habría presentado documentación considerada suficiente para acreditar domicilio conocido y actividad laboral asentada en Bolivia. Los fiscales sostienen que esa situación permitiría que permanezca oculto o abandone el territorio nacional.
También mencionan el peligro para la sociedad, bajo el argumento de que los hechos investigados estarían relacionados con sustancias controladas destinadas a su distribución. A ello agregan la posibilidad de que el investigado destruya, modifique u oculte elementos probatorios o influya sobre personas convocadas a declarar.
La resolución hace referencia a penas de entre diez y 25 años de presidio para el delito de tráfico de sustancias controladas. La calificación jurídica y la eventual responsabilidad de Saucedo deberán ser establecidas mediante el procedimiento correspondiente.
El caso fue declarado en reserva temporal por la Fiscalía, debido a la existencia de testigos protegidos. Esa decisión limita la información pública sobre los hechos concretos que dieron origen a la investigación.
FISCALÍA PREPARA UNA NOTIFICACIÓN ROJA DE INTERPOL
El fiscal general interino, José Armando Urioste, confirmó que el mandamiento está vigente y anunció gestiones para solicitar una notificación roja de Interpol. La intención es conseguir que el exmandatario judicial pueda ser localizado fuera del país y puesto a disposición de las autoridades bolivianas, si corresponde conforme a los procedimientos internacionales.
Urioste informó que Saucedo tiene al menos dos procesos abiertos en Santa Cruz y no descartó que exista un tercero. Sin embargo, evitó proporcionar detalles sobre las otras investigaciones, debido a que los antecedentes están bajo reserva.
“Tiene procesos abiertos en Santa Cruz, no sabemos por qué él ha rehuido de la Justicia”, manifestó el fiscal general, quien pidió al magistrado presentarse ante el Ministerio Público para prestar sus declaraciones y ejercer su defensa.
La autoridad también reconoció que no existe certeza oficial sobre la salida de Saucedo del territorio nacional. Según los registros migratorios que mencionó, el magistrado ingresó a Bolivia el martes, pero no aparecía registrado un movimiento posterior de salida.
“Tenemos información de Migración que entró ayer a Bolivia, pero no de que salió”, sostuvo Urioste.
La gestión de una notificación roja tampoco significa que Interpol ya haya emitido una orden internacional de captura. Se trata de un procedimiento que debe pasar por los canales correspondientes y ser evaluado por los organismos competentes.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que Saucedo no tenía una alerta migratoria ni una citación específica que impidiera su desplazamiento cuando se produjo el anuncio de su salida. También indicó que Migración investigaba por qué vía pudo abandonar el país.
ROSMERY RUIZ CUESTIONA LA VÍA JUDICIAL
La ausencia de Saucedo también provocó movimientos dentro del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Plena decidió que la decana Rosmery Ruiz asuma temporalmente la Presidencia, mientras se espera que el magistrado retorne a sus funciones.
Los magistrados establecieron un plazo de seis días para su reincorporación. Si no se presenta, la Sala Plena volverá a reunirse para determinar las medidas correspondientes por un posible abandono de funciones, conforme a la normativa vigente.
Ruiz explicó que su designación temporal responde a las disposiciones de la Ley del Órgano Judicial y que el trabajo jurisdiccional no se interrumpirá por la ausencia del presidente titular.
“Nuestra labor sigue, no se trunca. Todos los magistrados seguimos resolviendo las causas que están a nuestro conocimiento”, manifestó.
Pero la magistrada también puso en observación el procedimiento penal utilizado contra Saucedo. Consideró que, por su condición de magistrado, debería establecerse si corresponde un juicio de responsabilidades, especialmente si los hechos investigados ocurrieron después de que asumió el cargo.
“Siendo que él es un magistrado, debería ser juzgado con un juicio de responsabilidades. Serán las autoridades, el Ministerio Público, que expliquen por qué está siendo juzgado en la vía ordinaria”, declaró.
Ruiz aclaró que la aplicación de ese procedimiento dependerá de la fecha en que se hubieran producido los hechos investigados. También señaló que, si Saucedo no regresa dentro del plazo establecido, la Sala Plena podría emitir una resolución y remitir los antecedentes a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La magistrada sostuvo que el TSJ no recibió una comunicación oficial de renuncia y que sus integrantes tampoco conocían previamente los detalles de las investigaciones fiscales.
