Operativos simultáneos en oficinas de ANH y YPFB buscan esclarecer irregularidades en cisternas y autorizaciones. Hay personas aprehendidas y revisión total de procedimientos en el sector.
La investigación por presuntas irregularidades en el manejo y desvío de combustibles se amplía en el país. La Fiscalía lleva adelante operativos simultáneos en oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en al menos cuatro departamentos, con el fin de recabar documentación y establecer la responsabilidad de funcionarios públicos en la emisión de permisos y el movimiento de cisternas.
En La Paz, agentes intervinieron la planta de Senkata, donde se aprehendió a trabajadores presuntamente involucrados en el desvío de combustible hacia surtidores sin autorización. De acuerdo con información del Ministerio Público, parte del personal habría facilitado el acceso a lubricantes y carburantes a operadores sin cumplir los procedimientos establecidos.
En Santa Cruz, también se allanaron instalaciones de YPFB y se reportaron detenciones. Las autoridades detallaron que se secuestró documentación relacionada con contratos, registros de cisternas y permisos de comercialización que ahora son analizados por la comisión de fiscales asignada al caso.
La acción policial se extendió a Cochabamba, donde se intervino oficinas de YPFB y YPFB Redes. En ese departamento se arrestó a un funcionario acusado de solicitar pagos irregulares para beneficiar a una empresa en un proceso de adjudicación. Según los investigadores, estos hechos podrían formar parte de una estructura que habría operado durante meses.
Oruro también fue parte del operativo. En esa región se revisa un proyecto de construcción de tanques de almacenamiento de combustible en el que se identificaron posibles sobreprecios. La documentación encontrada pasó a la Fiscalía para determinar si existieron actos de corrupción que generaron daños económicos al Estado.
Paralelamente, la ANH ejecuta un cambio interno para apartar a involucrados y reforzar los controles. Su directora ejecutiva, Margot Ayala, informó que más de 100 funcionarios fueron reemplazados en diferentes áreas de la institución. La autoridad afirmó que el objetivo es frenar cualquier conducta que permita desvíos o autorizaciones sin respaldo técnico.
Ayala confirmó que parte del problema radica en la emisión de licencias y permisos sin el cumplimiento de los procesos exigidos. La entidad revisa autorizaciones otorgadas en el periodo investigado y aseguró que cooperará en todo momento con la Fiscalía.
Las pesquisas se originan en una denuncia registrada en febrero sobre 14 cisternas de YPFB que habrían salido de manera irregular hacia distintos surtidores. Esta situación motivó la intervención en oficinas públicas para esclarecer quiénes participaron en la operación y bajo qué mecanismos se habilitaron los vehículos.