La Fiscalía asegura que la fortuna del hijo del expresidente Luis Arce no se sostiene con sus ingresos declarados y que hubo una estructura que aceleró trámites millonarios.
El caso del predio Adán y Eva ya no es una simple denuncia administrativa. Según la Fiscalía, detrás de esa compra se mueve una realidad financiera que dejó huellas demasiado visibles. Rafael Ernesto Arce Mosqueira, el hijo del expresidente Luis Arce, pasó en pocos años de tener ingresos mínimos a manejar sumas millonarias sin sustento económico comprobado. Para el Ministerio Público, esta brusca transformación no es un misterio, sino un indicio de delitos graves que deben ser esclarecidos.
El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, señaló que desde 2016 el imputado percibía ingresos cercanos a mil bolivianos. Nada que le permitiera proyectar una inversión de gran escala. Pero esa situación dio un giro radical: en cuestión de tiempo comenzaron a registrarse depósitos de miles y millones de bolivianos. Las cifras superan los tres millones, e incluso alcanzan los cuatro millones depositados en su cuenta bancaria. El cambio despierta suspicacias, pues existe la obligación legal de demostrar el origen de ese dinero, más aún cuando termina involucrado en una adquisición territorial de gran magnitud.
El predio Adán y Eva, con 2.807 hectáreas ubicadas en Santa Cruz, se convirtió en el activo que destapó la investigación. La transferencia de propiedad, firmada el 11 de noviembre de 2021, registra un monto que supera los 3 millones de dólares a nombre de Arce Mosqueira. Lo alarmante para los fiscales no es solo el costo, sino la velocidad y las condiciones con las que se concretó la operación. Un joven de menos de 25 años, sin solvencia demostrable, asumió la compra como si se tratara de una transacción común y corriente.
Para avanzar en estos trámites se necesita cumplir con estrictos planes de uso de suelo. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que, en este caso, las exigencias técnicas fueron ignoradas con la complicidad de autoridades de la ABT. Torrez apuntó directamente al entonces director departamental de aquella entidad en Santa Cruz, Luis Roberto Flores Orellana. Según la versión oficial, Flores omitió una serie de pasos administrativos que en primer momento bloquearon el proceso, pero que luego fueron subsanados sin cumplir la norma y con una rapidez difícil de justificar.
Los investigadores consideran que esa maniobra acelerada forma parte de un posible esquema de favorecimiento. No solo se evalúa el origen de los fondos, también se rastrea quiénes colaboraron para que una persona sin “perfil económico” accediera a tierras estratégicas para el desarrollo agrícola y comercial del país. La Fiscalía cree que el Estado habría sido vulnerado por una estructura que operó para asegurar beneficios particulares.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que la imputación ya fue emitida y que la causa se amplió a otros involucrados. Arce Mosqueira enfrenta ahora una acusación por enriquecimiento de particulares con daño al Estado. El Ministerio Público solicitó seis meses de detención preventiva mientras avanza la recolección de más evidencias documentales, financieras y testimoniales. Se busca conocer quién aportó el dinero, cómo ingresó al sistema y por qué se permitió una aprobación tan veloz de trámites que habitualmente tardan meses, incluso años.
Los elementos reunidos ya suman 133, y la Fiscalía asegura que no se detendrá hasta alcanzar responsabilidades claras. Cada nueva certificación, cada movimiento bancario y cada firma en los expedientes pueden abrir más preguntas que respuestas, pero también acercan a una verdad incómoda.