El Decreto Supremo 5636 establece medidas extraordinarias por 90 días y abre cuestionamientos sobre el uso del aparato estatal frente a la protesta social.
El Decreto Supremo N° 5636, que declara Estado de Excepción por conmoción interna en el Estado Plurinacional de Bolivia, modifica temporalmente las reglas de convivencia política y social del país al otorgar nuevas atribuciones al Órgano Ejecutivo, especialmente a los ministerios de Gobierno y Defensa, con participación de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.
La medida fue presentada desde el Gobierno como una respuesta necesaria para garantizar derechos fundamentales como la salud, alimentación, educación, trabajo y libre tránsito, afectados por bloqueos y hechos de violencia. Sin embargo, desde sectores sociales críticos surge una preocupación central: que una herramienta diseñada para atender una situación extraordinaria termine utilizada para reducir espacios de organización ciudadana y protesta.
El decreto establece un periodo de 90 días de excepción y habilita acciones de control, vigilancia y protección de infraestructura estratégica. También permite la participación militar en tareas internas junto a la Policía, una decisión que genera cuestionamientos por la histórica relación entre las Fuerzas Armadas y los conflictos sociales en Bolivia.
La presencia militar en asuntos internos suele cambiar la forma en que el Estado enfrenta una crisis. Un problema político o social puede pasar a ser tratado como un asunto de seguridad, dejando en segundo plano las causas que originan las movilizaciones, como reclamos económicos, laborales o demandas sectoriales.
La norma incluye disposiciones relacionadas con la recuperación del orden público, controles en carreteras y protección de servicios esenciales. Para sectores populares, el riesgo aparece cuando las medidas no distinguen con suficiente claridad entre hechos violentos y expresiones de protesta que forman parte de la participación ciudadana.
En Bolivia, las movilizaciones sociales han sido históricamente una herramienta utilizada por sindicatos, comunidades campesinas, pueblos indígenas y organizaciones laborales para exigir atención del Estado. La preocupación de estos sectores es que esas formas de presión puedan ser tratadas bajo una lógica de amenaza general.
Otro punto sensible del decreto está vinculado con las restricciones al derecho de reunión, circulación y concentración. La norma establece límites para determinadas actividades públicas y deja en manos de instancias gubernamentales la autorización de algunas expresiones colectivas.
Esta disposición genera inquietud porque modifica la relación entre ciudadanía y autoridades. Derechos políticos reconocidos por la Constitución pueden quedar condicionados a decisiones administrativas del Ejecutivo, lo que reduce el margen de acción de organizaciones sociales y ciudadanos.
El Decreto Supremo 5636 también concentra atribuciones operativas en los ministerios de Gobierno y Defensa, permitiendo que determinadas decisiones se ejecuten mediante resoluciones conjuntas. La rapidez administrativa puede facilitar acciones inmediatas, pero también plantea interrogantes sobre los controles institucionales durante la vigencia del Estado de Excepción.
La Asamblea Legislativa tiene participación en la revisión de este tipo de medidas, aunque las acciones del Ejecutivo pueden comenzar mientras continúan los procedimientos correspondientes. Esa situación genera críticas desde sectores que consideran que existe un desequilibrio entre el poder del Gobierno y los mecanismos de fiscalización.
La investigación sobre posibles apoyos económicos o logísticos a bloqueos es otro elemento observado. El decreto incorpora disposiciones destinadas a identificar responsabilidades por afectaciones a servicios básicos y actividades económicas.
La preocupación social está relacionada con el alcance de conceptos que pueden interpretarse de diferentes maneras. Dirigentes, organizaciones territoriales o sectores movilizados podrían enfrentar investigaciones por su participación en acciones colectivas, incluso cuando no exista una responsabilidad individual claramente establecida.
La actividad económica cotidiana también queda expuesta a los efectos de la medida. Restricciones sobre circulación, transporte o funcionamiento de determinados servicios pueden afectar directamente a comerciantes, trabajadores independientes y familias que dependen del movimiento diario para generar ingresos.
Mientras el Gobierno sostiene que busca recuperar la normalidad y proteger a la población, sectores sociales consideran que la respuesta elegida puede trasladar el costo de la crisis hacia ciudadanos que ya enfrentan dificultades económicas.
El concepto de conmoción interna es uno de los aspectos más discutidos del decreto. Para el Ejecutivo, los bloqueos y hechos violentos representan una amenaza que requiere medidas excepcionales. Para sectores movilizados, sus acciones pueden estar relacionadas con reclamos legítimos frente a decisiones políticas.
La diferencia de interpretaciones tiene un impacto directo, porque determina si una movilización es considerada una expresión democrática o una alteración del orden público.
El problema principal señalado por organizaciones sociales es que el Estado de Excepción puede convertirse en una herramienta recurrente para enfrentar conflictos que tienen raíces profundas en la economía, la política y las condiciones sociales del país.
