La Confederación de Empresarios Privados avala el retiro de la subvención a combustibles por razones fiscales, pero advierte que el aumento del salario mínimo golpea con fuerza a las mipymes y al empleo formal.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) fijó una posición dual frente al paquete de medidas económicas dispuesto por el presidente Rodrigo Paz mediante el Decreto Supremo 5503, un conjunto de decisiones que ya tiene impacto en todo el territorio nacional. En un pronunciamiento institucional, el empresariado expresó su respaldo al levantamiento de la subvención a los combustibles, mientras manifestó un rechazo explícito al incremento del salario mínimo nacional.
En el documento, la CEPB señaló que las disposiciones asumidas por el Órgano Ejecutivo responden a un escenario económico crítico que, de no ser corregido de manera inmediata, habría derivado en un colapso económico de corto plazo. Bajo ese argumento, los empresarios consideraron necesarias las denominadas “medidas de ordenamiento estructural” impulsadas por el Gobierno.
Uno de los puntos centrales del respaldo empresarial es la eliminación de la subvención a los carburantes. Según la Confederación, esta decisión permite reducir el déficit fiscal, ordenar las finanzas públicas y enfrentar el contrabando de combustibles, un fenómeno que afecta de manera directa a la economía nacional. La CEPB reconoció que el incremento homogéneo e inmediato de los precios genera efectos complejos en la actividad productiva y en el consumo, pero sostuvo que se trata de una medida inevitable en el actual contexto.
El pronunciamiento también valoró otras disposiciones incluidas en el Decreto Supremo 5503, a las que calificó como una base inicial para la recuperación y reactivación económica. En ese marco, el empresariado planteó que estas decisiones deben ser acompañadas por acciones normativas y administrativas adicionales que eliminen barreras que afectan a los sectores productivos, con resultados proyectados al mediano plazo.
Sin embargo, el respaldo al gasolinazo no se extendió al incremento del salario mínimo nacional. La CEPB expresó su preocupación por la decisión gubernamental de elevarlo en un 20%, fijándolo en 3.300 bolivianos, una medida adoptada de manera unilateral, según remarcó la entidad. Para el sector empresarial, este aumento tendrá efectos severos sobre la estabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como sobre la generación y sostenibilidad del empleo formal en todo el país.
En su comunicado, la Confederación exhortó a las organizaciones representativas de la sociedad a actuar con cautela y responsabilidad, advirtiendo que decisiones apresuradas pueden profundizar la crisis económica. También subrayó que la coyuntura actual exige la adopción de acciones estructurales, pero con una distribución equitativa de los costos.
La CEPB sostuvo además que la crisis económica tiene responsables identificables y que la impunidad resulta inaceptable. En ese sentido, instó a las instituciones públicas a acelerar las acciones correspondientes en el marco de la ley y el Estado de Derecho.