De 69 países invitados, apenas diez aceptan integrarse a la iniciativa estadounidense, generando cuestionamientos sobre transparencia, motivaciones y legitimidad de un proyecto internacional de paz.
El jueves, la Casa Blanca oficializó la creación del Consejo de Paz, un organismo impulsado por Estados Unidos que, según sus promotores, supervisará la situación en Gaza y promoverá estabilidad en áreas de conflicto. Pese a la ceremonia y la firma de los estatutos por el presidente Donald Trump, la respuesta internacional fue mínima: solo diez países aceptaron adherirse, incluyendo Israel, Argentina, Egipto, Azerbaiyán, Kosovo, Emiratos Árabes Unidos, Bielorrusia, Marruecos, Hungría y Canadá.
La mayoría de los Estados invitados declinó sumarse, generando un panorama de división global. Francia, Alemania, Reino Unido y Noruega explicaron su negativa citando dudas sobre la transparencia del consejo y posibles conflictos con las funciones de la ONU. Ucrania, en conflicto directo con Rusia, cuestionó la participación de Moscú y Bielorrusia, y subrayó la incompatibilidad de integrarse en un organismo que podría favorecer intereses estratégicos de potencias específicas.
El documento que creó el consejo establece que la institución buscará “promover estabilidad, restaurar gobernanza confiable y asegurar paz duradera en regiones afectadas por conflictos”. Sin embargo, no aclara límites de intervención ni mecanismos de supervisión, lo que abre la puerta a decisiones unilaterales y cuestiona la independencia de la organización frente a Estados Unidos y Rusia.
La participación de Rusia fue confirmada con la promesa de donar mil millones de dólares en activos congelados en EE. UU., un movimiento que refuerza la percepción de que la iniciativa puede tener fines estratégicos más que humanitarios. La limitada adhesión internacional y la inclusión de países aliados a Moscú aumenta la preocupación sobre la imparcialidad del consejo.
Entre los países adherentes, varios mantuvieron su compromiso de manera discreta. Israel y Egipto anunciaron su participación con comunicados breves, Bielorrusia firmó personalmente los documentos y Hungría, Marruecos y Canadá confirmaron su adhesión mediante declaraciones formales, sin precisar su rol. La baja representación refleja la escasa legitimidad del consejo para actuar en Gaza o en otras zonas de conflicto.
Trump defendió la iniciativa durante la ceremonia, asegurando que “una vez conformado, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos”. Esta declaración aumenta los cuestionamientos sobre el alcance real del consejo y su posible competencia con la ONU, dejando en evidencia un riesgo de intervencionismo unilateral.
Con solo un 15 % de aceptación, el consejo arranca con respaldo internacional insuficiente. La iniciativa, promovida por el país más violento del planeta, expone una contradicción evidente: mientras se presenta como un proyecto de paz, muestra riesgo de concentración de poder y de manipulación geopolítica, con una legitimidad cuestionada por la mayoría de la comunidad internacional.