El Tribunal Constitucional Plurinacional cambia el rumbo: posesión de nueva presidenta, órdenes de aprehensión para quienes extendieron ilegalmente su mandato y medidas urgentes para recuperar legitimidad e independencia.
La jornada de este martes cerró con un giro determinante en el órgano que garantiza el respeto a la Constitución en Bolivia. La magistrada Paola Verónica Prudencio fue elegida presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en una Sala Plena que actuó veloz, casi al unísono del país político que observaba expectante el desenlace de una tensión institucional que se arrastraba desde 2023. Su designación fue unánime: los cuatro magistrados electos coincidieron en que el TCP debía dejar atrás la etapa de crisis y someterse a reglas claras, transparencia y control público.
Prudencio asumió el rol pocas horas después de que se activaran órdenes de aprehensión contra los magistrados que se habían mantenido en el cargo pese a la conclusión de su mandato. La nueva presidenta explicó que, antes del acto de posesión, la Sala Plena definió decisiones inmediatas para impedir que el Tribunal vuelva a ser “factor de presión, botín político o herramienta de intereses particulares”. Se habló de reconstruir credibilidad sin demora.
Entre las medidas anunciadas destacan la conformación de salas y la comisión de admisión; la transmisión en vivo de los sorteos de expedientes; la acumulación de causas para disminuir el atraso procesal; y la aprobación de nuevos reglamentos internos que serán publicados en la web institucional. También se dispuso una reestructuración del personal administrativo y jurisdiccional, mediante convocatorias abiertas, con auditorías internas que rastreen responsabilidades dentro de la administración reciente. Para Prudencio, la austeridad presupuestaria será una línea innegociable: se revisarán gastos y se ordenó el retiro del cerco de seguridad externo que simbolizaba distanciamiento con la ciudadanía.
Mientras en el TCP se intentaba recuperar la normalidad institucional, afuera se aceleraban las acciones judiciales. El juez Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, del municipio de La Guardia, emitió las órdenes de aprehensión y activó alertas migratorias contra quienes permanecieron en el cargo de forma extendida tras la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, que permitió la permanencia temporal solo hasta que se eligieran nuevas autoridades. La tolerancia llegó a su límite.
Los señalados son Gonzalo Hurtado Zamorano, René Yván Espada, Julia Elizabeth Cornejo y Karem Lorena Gallardo. En el caso de Isidora Jiménez Castro, la medida no fue ejecutada porque presentó su renuncia antes de la resolución judicial. Los delitos mencionados en las denuncias incluyen usurpación de funciones y emisión de resoluciones contrarias a la Constitución.
La Sala Constitucional Primera de Potosí también intervino. Mediante una acción popular presentada por el abogado Oliver Coronado, ordenó el cese inmediato de los autoprorrogados, notificó a Recursos Humanos del tribunal y ordenó remitir antecedentes al Ministerio Público. La prohibición de ingreso al TCP ya estaba definida. La aprehensión busca asegurar su presencia en la audiencia cautelar prevista para este miércoles.
El TCP, enfático en su comunicado oficial, afirmó que varios actores políticos intentaron someter al Tribunal a intereses de poder durante los últimos años. Ahora, con la renovación parcial de sus miembros y la presión pública de fondo, sostiene que retoma su rol de vigilante del orden constitucional.