La Defensoría solicitó medidas cautelares para frenar temporalmente la perforación exploratoria en San Telmo Norte, alegando riesgos ambientales, mientras el Ministerio de Hidrocarburos ratificó la continuidad del proyecto legalidad vigente.
El conflicto por la exploración petrolera cerca de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía entró en una fase decisiva tras la solicitud formal de la Defensoría del Pueblo para suspender, de manera temporal, el proyecto Domo Oso X-3, ubicado en el Bloque San Telmo Norte. La petición fue presentada ante el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, como una medida preventiva frente a posibles impactos ambientales irreversibles.
De acuerdo con el informe institucional, la acción busca ganar tiempo para esclarecer observaciones técnicas, legales y procedimentales relacionadas con la licencia ambiental, la consulta pública y el cumplimiento de estándares internacionales. La Defensoría explicó que su intervención responde a su mandato constitucional de proteger los derechos humanos, particularmente el derecho a un medio ambiente sano, y a compromisos asumidos por el Estado boliviano, como el Acuerdo de Escazú, que garantiza acceso a información y participación ciudadana.
Además, la institución anunció un seguimiento permanente tanto al proceso judicial iniciado contra comunarios como a la situación social y ambiental en la zona de influencia del proyecto. Según fuentes defensoriales, existe preocupación por denuncias de criminalización de líderes comunitarios que se oponen a las labores exploratorias.
El contexto social en Tarija se mantiene tenso. Tras una audiencia pública sin acuerdos, convocada por la Brigada Parlamentaria del departamento, el Comité Cívico Departamental anunció una Asamblea de Instituciones para debatir exclusivamente la situación de Tariquía y definir la conformación de una comisión técnica y legal. Su presidente, Jesús Gira, confirmó que la intención es articular una respuesta institucional frente al avance de los trabajos petroleros.
Durante la audiencia, el presidente de YPFB, Yussef Akly Flores, sostuvo que el proyecto cumplió con todos los procedimientos administrativos exigidos por ley, incluida la consulta previa, y que el pozo se encuentra a 1,5 kilómetros del área protegida. En contraste, el senador tarijeño Rolando Vacaflor cuestionó la legalidad del proceso y advirtió sobre posibles impactos indirectos, como el traslado de maquinaria, el desmonte y la generación de residuos, que podrían afectar al río Saicán y a las cuencas de los ríos Tarija y Bermejo.
La tensión aumentó el fin de semana, cuando comunarios denunciaron el ingreso de maquinaria pesada de la empresa IST, subsidiaria de Petrobras, al municipio de Entre Ríos. Las comunidades anunciaron vigilancia permanente y posibles movilizaciones si continúan las operaciones.
Pese a las observaciones, el Gobierno ratificó la continuidad del proyecto. El viceministro de Exploración y Explotación, Caleb Montes, afirmó que están en riesgo una inversión de 40 millones de dólares y potenciales ingresos de hasta 900 millones, además de regalías para Tarija, reiterando que el pozo se ubica fuera de la reserva.
