El incremento de asaltos armados en el norte chileno coincide con la propuesta legal para legalizar carros indocumentados en la Asamblea boliviana, desatando un conflicto diplomático en la frontera.
La sola posibilidad de aprobar un perdón fiscal para los automotores internados ilegalmente provocó una ola de inseguridad al otro lado de la frontera. Las bandas criminales aceleraron la sustracción de motorizados con el objetivo de introducirlos a territorio nacional antes de que se trate la norma en el Legislativo.
El diputado chileno Sebastián Videla denunció el impacto directo que tiene esta iniciativa política en la seguridad de su región. “Aumento robo vehículos tras anuncio nacionalización (…) anuncio de nacionalizar chutos descontroló frontera”, alertó el parlamentario, quien viajó para frenar la norma, argumentando que “no se puede ser popular incentivando el r0b0” a costa de los ciudadanos del país vecino.
La molestia radica en las evasivas del Ejecutivo boliviano para abordar la problemática de forma bilateral, pese a los compromisos asumidos previamente por los equipos técnicos. El legislador extranjero busca un encuentro directo con el mandatario Rodrigo Paz, advirtiendo que de mantenerse el silencio acudirá a los tribunales del exterior. “Acudiré a instancias internacionales contra Bolivia (…) Si Bolivia no quiere escucharnos, nos escuchará vía internacional”, sentenció Videla.
El Congreso de Chile formalizará un reclamo internacional ante la falta de canales de coordinación rápidos para neutralizar el tráfico de bienes robados, que ven como un beneficio directo a las mafias organizadas. “Esperamos que en 48 horas reaccione el presidente de Bolivia (…) ¿Tiene miedo? ¿Qué se hace contra banda de d3lincu0ntes?”, cuestionó la autoridad chilena al exigir el archivo del proyecto de ley.
