Tras eliminar la subvención a los carburantes, el Gobierno activó un esquema de precios variables para derivados del petróleo, retomando un modelo aplicado en Bolivia a fines de los años noventa.
La decisión gubernamental de levantar la subvención a los carburantes abrió paso a un cambio estructural en la política hidrocarburífera nacional: el retorno al régimen de precios de los derivados del petróleo, un mecanismo que no estaba vigente en Bolivia desde hace 28 años. La medida fue formalizada mediante el Decreto Supremo 5503.
Durante una conferencia de prensa realizada en Santa Cruz, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, explicó los alcances del Título VI del decreto, referido a la estabilización de precios de combustibles y energía. Detalló que la norma incorpora anexos técnicos que establecen precios de referencia, márgenes de comercialización y una nueva relación contractual entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y los productores.
Según la autoridad, el esquema de precios congelados dejó de ser sostenible por la reducción sostenida de los ingresos provenientes de la exportación de gas natural y por el incremento de las importaciones de diésel, factores que presionaron las finanzas públicas. En ese marco, recordó que Bolivia ya aplicó mecanismos similares en el pasado, especialmente tras la hiperinflación de los años ochenta, cuando los ajustes periódicos a los precios de la gasolina y el diésel respondían a objetivos fiscales.
Medinaceli señaló que en 1997 se implementó un sistema de precios vinculados a referencias internacionales mediante el Decreto Supremo 24914, lo que generó variaciones frecuentes conocidas como “mini gasolinazos”. Ese esquema fue interrumpido en 2000, tras acuerdos entre el Estado, las petroleras y la refinería entonces administrada por Petrobras, para estabilizar precios en medio de una conflictividad social creciente.