El presidente boliviano lanzó un mensaje firme contra el ala “evista” del MAS y denunció una estrategia de desestabilización encabezada por su antecesor.
En uno de los pronunciamientos más contundentes desde el inicio de los bloqueos impulsados por sectores afines a Evo Morales, el presidente Luis Arce Catacora denunció públicamente los actos de violencia registrados en Llallagua, departamento de Potosí, y advirtió que no se tolerará la impunidad frente a las agresiones sufridas por la población.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales oficiales, el mandatario expresó su pesar por los incidentes ocurridos en esa localidad minera, que durante nueve días fue epicentro de enfrentamientos, saqueos, amenazas y acciones calificadas como criminales. “La jornada de hoy en Llallagua ha sido una de las más violentas y amargas de la historia reciente de Bolivia”, afirmó el jefe de Estado, en referencia a los hechos del lunes, que dejaron más de 30 personas heridas y un clima de temor generalizado.
Según el presidente, los bloqueadores —identificados con la corriente política del expresidente Morales— no dudaron en atacar a médicos, destruir una ambulancia, saquear comunidades, agredir a periodistas, enfrentarse con la Policía e incluso incitar a la muerte como parte de una “escalada organizada de violencia”. Arce se mostró particularmente indignado por la actitud de Morales, a quien acusó de celebrar estos desmanes como parte de una supuesta “batalla final”.
“¿A qué se refiere con eso? ¿Final de qué? ¿A quién le declara la guerra? ¿A los bolivianos y bolivianas?”, se preguntó el mandatario, en tono firme. Arce también cuestionó duramente el discurso del líder cocalero, que a su juicio busca empujar al país a un conflicto interno para satisfacer intereses personales, lejos de las verdaderas luchas históricas del pueblo boliviano.
El presidente también hizo un llamado a la reflexión ciudadana frente al rumbo que ha tomado el conflicto interno en el Movimiento Al Socialismo (MAS), ahora dividido entre el “evismo” y el “arcismo”. En ese contexto, advirtió que los intentos de desestabilización no quedarán sin respuesta. “El país debe ser consciente que como Gobierno Nacional, de carácter popular, pondremos a disposición de la Justicia a cada uno de los responsables de sembrar terror y agredir a las familias bolivianas”, sentenció.
La advertencia del mandatario llega luego de que en Llallagua se registraran violentos enfrentamientos entre comunarios y sectores afines al ala radical del MAS, que mantienen bloqueos en distintas regiones del país exigiendo la renuncia del presidente y otras demandas de tinte político. Los disturbios derivaron en el saqueo de instalaciones públicas, ataques a medios de comunicación locales y destrozos en la infraestructura municipal.
Según el Gobierno, los actos registrados en Llallagua forman parte de una estrategia impulsada desde el trópico de Cochabamba, donde Morales permanece desde octubre del año pasado protegido por sus seguidores, pese a tener una orden de aprehensión en su contra por un caso de trata de personas.
“La violencia no puede ser el camino. No permitiremos que el país se sumerja en el caos por una ambición personal”, sostuvo Arce, quien también destacó que su administración se mantiene firme en defensa del Estado Plurinacional y los avances democráticos alcanzados en los últimos años.
En su mensaje, el mandatario también apeló a la memoria colectiva: “¿Cuántas veces tendrá que teñirse de luto el país por la obsesión de Morales con destruir el sistema democrático?”, preguntó, al recordar los antecedentes de crisis política recientes que derivaron en pérdidas humanas y retrocesos institucionales.
El mensaje presidencial fue ampliamente difundido por medios de comunicación y redes sociales, generando diversas reacciones tanto de apoyo como de rechazo. Mientras sectores oficialistas respaldaron la postura de Arce y reclamaron sanciones para los responsables de la violencia, voceros “evistas” minimizaron las acusaciones y reiteraron sus críticas contra la gestión gubernamental.
En medio de este ambiente polarizado, el Ejecutivo enfrenta el desafío de garantizar la estabilidad institucional, restaurar la paz social y encarar judicialmente los actos de violencia registrados. Organizaciones de derechos humanos, así como representantes de la Iglesia y del sector empresarial, han pedido una salida pacífica al conflicto y el restablecimiento del orden constitucional.
Arce cerró su mensaje con una promesa directa: “¡No habrá impunidad!”, subrayó, dejando en claro que se activarán todos los mecanismos legales para responsabilizar a quienes promuevan el caos y el enfrentamiento entre bolivianos.
