El acuerdo alcanzado entre la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia y el Gobierno reabre la discusión sobre la sostenibilidad de la subvención a los hidrocarburos, mientras el sector transporte logra compromisos concretos para atender sus demandas urgentes.
Este martes, en la Casa Grande del Pueblo, dirigentes del transporte se reunieron con el presidente Rodrigo Paz, confirmando que se instalarán mesas técnicas de trabajo con cuatro ministerios clave: Obras Públicas, Gobierno, Hidrocarburos y Economía. Según Lucio Gómez, representante de la Confederación, el propósito es resolver problemas estructurales que afectan diariamente a los choferes, desde carreteras en mal estado hasta la logística de abastecimiento de combustible.
“El acuerdo nos permite trabajar de manera directa con las comisiones correspondientes para atender todos los problemas del transporte”, declaró Gómez, dejando en claro que, por el momento, la subvención a los combustibles no será objeto de debate hasta que se socialice con los sectores involucrados.
En detalle, con el Ministerio de Obras Públicas se analizará la inversión vial, el estado de las carreteras y los tramos más afectados en el territorio nacional. Con la cartera de Gobierno, los temas centrales serán los controles de Diprove, Tránsito y la Policía Caminera, así como la seguridad en rutas y operaciones logísticas. Las mesas con Hidrocarburos y Economía estarán enfocadas en asegurar el suministro de combustible y revisar políticas que impactan la operatividad del transporte.
Pese al avance en la agenda del transporte, el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, advirtió que mantener la subvención es una medida “irresponsable” que podría afectar el abastecimiento futuro del país y desencadenar un caos económico. A través de su cuenta de X, Ríos enfatizó la necesidad de eliminar los subsidios a gasolina, diésel, GLP y gas natural de manera inmediata. “No actuar ahora es comprometer la estabilidad energética y económica del país”, escribió.
La preocupación del exministro coincide con advertencias de otros actores del sector, como la Asociación de Comercializadores Privados de Hidrocarburos de Santa Cruz (Asosur), que señalan que los precios congelados incentivan el contrabando inverso y desvíos de combustible. Asimismo, la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) ha señalado que sostener el subsidio genera un gasto insostenible que limita la inversión y profundiza los desequilibrios fiscales.
