Defensoría del Pueblo, abogados y organizaciones sociales cuestionan denuncias impulsadas por asesores de Petrobras y YPFB contra comunarios de Chiquiacá, señalando criminalización de la defensa ambiental y falta de consulta
Un amplio rechazo social se manifestó en Tarija tras conocerse el inicio de procesos penales contra 17 comunarios del cantón Chiquiacá, quienes enfrentan denuncias por presuntos delitos vinculados a asociación delictuosa, atribución de derechos del pueblo y atentados contra la libertad de trabajo. Las acusaciones se relacionan con la resistencia de estas comunidades al ingreso de actividades hidrocarburíferas en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
La investigación fue abierta por la Fiscalía de Entre Ríos, en la provincia O’Connor, luego de una denuncia presentada por el abogado Fernando Vargas Guzmán, asesor jurídico de Petrobras Bolivia S.A., quien también actúa en representación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Los 17 comunarios señalados ya cumplieron con su declaración informativa ante el Ministerio Público, en el marco del primer acto procesal exigido por ley.
Frente a esta situación, un grupo de abogados de la ciudad de Tarija decidió asumir la defensa técnica de manera gratuita para al menos seis de los procesados, debido a que la mayoría son personas de la tercera edad y de escasos recursos económicos. El jurista Rodrigo Castillo informó que el equipo legal se trasladó hasta Chiquiacá para conocer directamente la realidad de las familias afectadas y recabar información sobre el contexto del conflicto.
Castillo cuestionó que se pretenda judicializar a personas que defienden un área protegida y uno de los principales reservorios naturales del departamento. Asimismo, convocó a las organizaciones cívicas y sociales a acompañar el proceso, enfatizando que la defensa de Tariquía se desarrolla en territorio y no únicamente desde la ciudad.
La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre el caso. Su titular, Pedro Callisaya, señaló que el país atraviesa un escenario preocupante de criminalización de defensores de derechos humanos en temas ambientales. Recordó que el seguimiento institucional a esta problemática no es reciente y que incluso fue expuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en gestiones anteriores.
