Tras la ruptura del diálogo con el Gobierno, la Central Obrera Boliviana resolvió activar un bloqueo nacional indefinido desde este martes, condicionado exclusivamente a la anulación del Decreto Supremo 5503.
Desde las primeras horas de este martes, la Central Obrera Boliviana (COB) puso en marcha un bloqueo general de carreteras en el país, luego de que se diera por concluido, sin acuerdos, el proceso de diálogo con el Gobierno nacional. La medida fue definida en un ampliado nacional y tiene como única demanda la abrogación del Decreto Supremo 5503, según informó la dirigencia sindical.
El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, explicó en conferencia de prensa que la determinación responde a la falta de respuestas favorables por parte del Órgano Ejecutivo. Señaló que la decisión no obedece a intereses políticos ni sectoriales, sino a una posición orgánica asumida por las organizaciones afiliadas, ante lo que consideran una norma que afecta intereses estratégicos del país.
Argollo destacó que la movilización denominada “Bolivia no se vende”, que partió el sábado desde Calamarca y llegó este lunes a la ciudad de La Paz, evidenció un respaldo más amplio a la protesta. Indicó que a la marcha se sumaron sectores sociales que no forman parte de la estructura formal de la COB, pero que expresaron su rechazo al contenido del decreto y a la forma en que fue aprobado.
De acuerdo con la posición de la Central Obrera y de los sectores movilizados, el Decreto Supremo 5503 contiene disposiciones que permitirían la aprobación de inversiones extranjeras estratégicas directamente desde el Órgano Ejecutivo, sin la intervención de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para la dirigencia sindical, este punto implica un riesgo sobre el control y la administración de los recursos naturales.
Durante las reuniones sostenidas en la Casa Grande del Pueblo, representantes de la COB presentaron a ministros de Estado una propuesta alternativa. Esta consistía en la elaboración de un decreto paralelo que mantuviera aspectos vinculados a la subvención de combustibles, bonos sociales e incremento salarial, dejando el tratamiento del resto de los artículos en manos del Legislativo. Según Argollo, esta propuesta no fue aceptada por las autoridades gubernamentales.
El dirigente también afirmó que existía expectativa de que el Gobierno diera marcha atrás con el decreto cuestionado, lo que finalmente no ocurrió. Ante este escenario, sostuvo que la responsabilidad de evitar una mayor conflictividad recae en el Órgano Ejecutivo, al considerar que la medida de presión generará impactos económicos.
