En plena segunda semana de movilizaciones, sectores sociales instalan piquetes de ayuno exigiendo la derogación del decreto que regula inversiones y elimina subvenciones estratégicas en Bolivia.
En el marco de las protestas contra el Decreto Supremo 5503, que establece el nuevo modelo económico del Gobierno de Rodrigo Paz Pereira, organizaciones sociales iniciaron piquetes de huelga de hambre en distintas ciudades del país, como medida extrema para exigir la derogación de la normativa.
El Comité Nacional de Amas de Casa Mineras (Conacmin) fue la primera organización en implementar el ayuno total, asegurando que permanecerán en esa condición hasta recibir una respuesta concreta del Ejecutivo. La medida refleja el nivel de rechazo que genera el decreto entre diversos sectores, especialmente por sus implicaciones sobre la regulación de inversiones extranjeras en recursos estratégicos.
Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), señaló que la decisión de acudir a la huelga de hambre responde a la necesidad de proteger los intereses de futuras generaciones. Según Argollo, el decreto contiene disposiciones que podrían trasladar al Ejecutivo facultades que antes correspondían a la Asamblea Legislativa, lo que reduciría la capacidad de fiscalización del Parlamento sobre inversiones y recursos públicos.
La COB adelantó que, además de los piquetes instalados, otros sectores, como el Magisterio Urbano, también planean sumarse a esta forma de protesta en los próximos días. Andrés Paye, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), confirmó que la medida se mantendrá incluso durante los feriados y a pesar de las condiciones climáticas adversas, indicando que las movilizaciones tendrán continuidad en todo el territorio nacional.
El malestar social se acentúa por la percepción de que el decreto elimina gradualmente la intervención legislativa en la aprobación de contratos de inversión en minería y litio, y permite que el Banco Central gestione fondos sin la supervisión de la Asamblea Legislativa. Para los dirigentes sindicales, esto representa un riesgo directo a la transparencia en el manejo de recursos estratégicos del país.
Este lunes, transportistas de la ciudad de La Paz se sumaron a la movilización, marchando desde la zona sur hasta el centro de la ciudad, lo que provocó congestión vehicular en varias arterias principales. Las acciones de protesta se replicaron en otras regiones, evidenciando la coordinación y alcance de los sectores organizados.
Por su parte, los ministros de Economía y Desarrollo Productivo, Gabriel Espinoza y Oscar Justiniano, criticaron la huelga de hambre desde Santa Cruz, asegurando que la dirigencia sindical busca mantener un modelo económico del pasado y que sus acciones tienen motivaciones políticas. La posición del Gobierno destaca la tensión existente entre la administración nacional y los sectores en protesta, en un contexto que podría prolongarse mientras no se establezca un canal de diálogo efectivo.