La ampliación excepcional del feriado de Navidad genera rechazo sindical. Dirigentes mineros y de la COB sostienen que la medida busca frenar protestas activas, mientras el Gobierno la justifica como incentivo económico.
Por primera vez en la historia reciente del país, Bolivia tendrá dos días consecutivos de feriado nacional por Navidad. El Gobierno determinó que el jueves 25 y el viernes 26 de diciembre de 2025 sean jornadas de suspensión total de actividades públicas y privadas en todo el territorio nacional. La decisión fue oficializada por el Ministerio de Trabajo mediante un comunicado difundido en redes sociales institucionales.
La disposición establece además que los días miércoles 24 y 31 de diciembre se trabajará bajo la modalidad de jornada continua, hasta las 13.00, exclusivamente para la administración pública a nivel nacional. En el caso del sector privado, el Ministerio aclaró que la adecuación deberá realizarse por acuerdo entre partes, considerando las particularidades de cada modalidad laboral.
Desde el Órgano Ejecutivo, la ampliación del feriado fue presentada como una medida orientada a impulsar el turismo interno y dinamizar la economía. El comunicado oficial sostiene que el turismo es una actividad generadora de empleo directo e indirecto, con impacto positivo en economías locales, servicios hoteleros, gastronómicos y de transporte, además de promover el patrimonio cultural. La medida, según el Gobierno, se enmarca en el cumplimiento obligatorio del Parágrafo I del Artículo 48 de la Constitución Política del Estado.
Sin embargo, la reacción de la dirigencia sindical fue inmediata y crítica. Representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y del sector minero interpretaron la decisión como una acción política destinada a desactivar las movilizaciones que se mantienen en distintas regiones del país, con paros y bloqueos de rutas impulsados por demandas laborales y sociales.
El dirigente minero Andrés Paye calificó públicamente la ampliación del feriado como una burla. Señaló que el Gobierno estaría intentando aprovechar el descanso obligatorio por Navidad para debilitar la capacidad de movilización de los trabajadores en conflicto. De acuerdo con su pronunciamiento, la medida no logrará frenar las protestas ni modificar la postura de los sectores en paro.
Desde la COB, la lectura fue similar. Dirigentes sindicales afirmaron que el feriado largo no responde a una política consensuada con los trabajadores, sino a un intento de “desmovilizar y desbloquear el país” en un momento de alta conflictividad social. En ese marco, advirtieron que las medidas de presión continuarán pese a la suspensión de actividades decretada por el Ejecutivo.
En contraste, el sector empresarial, que en anteriores ocasiones manifestó su rechazo a los feriados prolongados por el impacto en la producción y las exportaciones, no emitió un pronunciamiento oficial respecto a esta determinación. Históricamente, los empresarios han advertido que la paralización de actividades implica pérdidas económicas significativas, aunque en esta ocasión optaron por el silencio público.
