El Decreto Supremo 5503 sobre combustibles generó bloqueos, suspensión del transporte público y aumentos inmediatos de pasajes urbanos, interprovinciales e interdepartamentales, con impacto directo en la movilidad diaria de la población.
El paro del transporte público se cumple este viernes en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, tras la entrada en vigencia del Decreto Supremo 5503, promulgado por el presidente Rodrigo Paz, que dispuso el ajuste en el precio de los combustibles. La medida provocó una reacción inmediata del sector transportista y se reflejó en el incremento de tarifas y en la paralización parcial y total de servicios en áreas urbanas, municipales y en rutas que conectan provincias y departamentos.
En la sede de gobierno, los conductores instalaron 44 puntos de bloqueo desde tempranas horas, de acuerdo con reportes del propio sector y de autoridades municipales. Las interrupciones se registraron en el centro paceño, la zona Sur, las laderas y en los principales accesos a la ciudad. La Autopista La Paz–El Alto y el sector del Faro Murillo permanecieron con tránsito restringido, afectando la circulación de vehículos particulares y del transporte interurbano.
En El Alto, los bloqueos se concentraron en el Distrito 7. Los choferes cerraron la avenida principal del sector norte, ubicada sobre la carretera hacia Copacabana, una vía estratégica para el transporte interprovincial. La medida interrumpió el traslado de pasajeros desde comunidades del altiplano hacia el área metropolitana y limitó la circulación de minibuses y trufis.
Ante la paralización del transporte sindicalizado, la empresa estatal Mi Teleférico anunció la ampliación de su horario de atención, que pasó de 06:00 a 23:00, además del incremento del número de cabinas en operación. La empresa informó que la decisión busca facilitar el desplazamiento de la población entre La Paz y El Alto frente a la ausencia de transporte terrestre regular.
En Santa Cruz de la Sierra, la jornada inició sin el servicio habitual de micros. Aunque el sector de micreros no declaró oficialmente un paro general, la circulación de unidades fue mínima tanto en la capital cruceña como en su área metropolitana. La falta de transporte urbano generó dificultades para el traslado de trabajadores, estudiantes y comerciantes desde primeras horas del día.
Los transportistas anunciaron una nueva tarifa urbana de Bs 5, señalando que el pasaje vigente de Bs 2,30 resulta insostenible tras la eliminación de la subvención a los combustibles. Durante recorridos realizados por diferentes zonas de la ciudad, se constató la presencia de pocas unidades en circulación, algunas operando fuera de sus rutas habituales, con cobros que oscilaron entre Bs 4 y Bs 5 por trayecto.
La suspensión del transporte público incrementó la demanda de taxis convencionales y de servicios de transporte mediante aplicaciones móviles. Conductores de estas plataformas reportaron un aumento significativo en las solicitudes, lo que derivó en tarifas más elevadas y en dificultades para concretar viajes debido a la alta demanda. De manera similar, los mototaxis que operan a través de aplicaciones duplicaron sus costos habituales.
Hasta las primeras horas de la mañana, tampoco se evidenció el funcionamiento regular de los trufis denominados “vuelteros”. Vecinos indicaron que algunas unidades prestaban servicio de forma aislada hacia zonas alejadas, cobrando Bs 4 por tramo. Frente a este escenario, la Alcaldía de Santa Cruz informó que desde las 08:30 se realizarán controles al cobro de pasajes en el transporte público.
El dirigente del transporte urbano, Segundo Ricaldi, había señalado que el sector no acataría medidas de presión; sin embargo, reiteró que la tarifa aplicada corresponde a Bs 5 debido al incremento de los costos operativos. En paralelo, la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte Santa Cruz (Fedectrans) anunció el inicio de un paro indefinido desde el mediodía, decisión comunicada por su ejecutivo Ronald García tras un ampliado de emergencia realizado en la capital cruceña.
Desde el Gobierno se informó que se mantiene la apertura al diálogo con los sectores movilizados, mientras los efectos del decreto presidencial continúan reflejándose en el transporte urbano y en las rutas interprovinciales e interdepartamentales del país.