El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, volvió a colocar a la justicia boliviana en el centro del debate público tras modificar completamente su criterio sobre el alcance de los juicios de responsabilidades. El giro no es menor y afecta directamente al expresidente y exministro de Economía, Luis Arce Catacora, hoy investigado por el presunto desfalco al Fondo Indígena.
Saucedo afirmó que Arce debe ser procesado por la vía ordinaria, bajo el argumento de que los hechos atribuidos corresponden a su gestión como ministro de Economía en 2009 y no a su condición posterior como presidente del Estado.
Con esa posición, desmontó cualquier posibilidad de juicio de responsabilidades, pese a que este mismo tribunal, en 2023, utilizó la lógica opuesta para anular un juicio ordinario contra Jeanine Añez, señalando que ella sí debía ser procesada como expresidenta, aun cuando los cuestionamientos surgían de su actuación previa como senadora.
Aquel fallo benefició a Añez en un momento crítico: el TSJ desechó el proceso ordinario que se seguía en su contra por la autoproclamación presidencial, pese a que asumió el cargo sin el procedimiento constitucional correspondiente. Ahora, el mismo tribunal sostiene el razonamiento inverso para Arce Catacora, eliminando cualquier efecto de su investidura presidencial y reduciéndolo estrictamente a su rol como ministro.
Arce fue aprehendido el miércoles en Sopocachi, tras una ampliación de la investigación del caso Fondo Indígena. Según la Fiscalía, en 2009 habría autorizado desembolsos que terminaron en cuentas personales de dirigentes sociales. Con la imputación formal ya emitida, el Ministerio Público solicitó su detención preventiva por tres meses en el penal de Qhalauma.
La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, calificó la aprehensión como un “secuestro judicial” y sostuvo que la única vía constitucionalmente válida es un juicio de responsabilidades. Pero Saucedo rechazó frontalmente esa interpretación y aseguró que, al tratarse de hechos ocurridos cuando Arce era ministro, debe enfrentar un proceso ordinario, sin privilegios procesales.