El Tribunal Supremo Electoral confirmó oficialmente que los comicios subnacionales de 2026 se celebrarán el 22 de marzo, tras la promulgación de la ley que habilita el proceso y establece un régimen excepcional y transitorio.
Las elecciones para renovar autoridades municipales, departamentales y de la región autónoma del Gran Chaco ya tienen fecha definida: el domingo 22 de marzo de 2026. La determinación fue anunciada por la sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), horas después de que el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, promulgara la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales.
Con este paso, el país inicia formalmente un proceso que movilizará a cientos de organizaciones políticas, a los tribunales electorales departamentales y a miles de funcionarios encargados de garantizar el desarrollo de los comicios subnacionales 2026-2031. El TSE hizo pública la convocatoria, que describe en detalle la lista de cargos que estarán en disputa y la estructura institucional encargada de organizar la elección.
La convocatoria establece que se elegirán gobernadoras o gobernadores en los nueve departamentos; vicegobernadoras o vicegobernadores en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando; subgobernadoras, subgobernadores, corregidoras y corregidores en el departamento del Beni; además de asambleístas departamentales por territorio y población en todas las regiones del país. También se elegirán representantes por normas y procedimientos propios en el Gobierno Regional del Gran Chaco, así como su ejecutivo o ejecutiva regional, ejecutivos de desarrollo y asambleístas regionales.
El tratamiento legislativo de la ley que habilita estas elecciones fue acelerado y se desarrolló en un plazo inusualmente corto. Durante la madrugada, la Cámara de Diputados revisó y aprobó la norma previamente sancionada por el Senado. Posteriormente, se completaron los trámites administrativos y, finalmente, el presidente Paz Pereira promulgó la disposición, que rige exclusivamente para este ciclo electoral.
Según datos del propio TSE, cerca de 200 organizaciones políticas, entre partidos y agrupaciones ciudadanas, participarán en la contienda. Competirán por nueve gobernaciones, 342 alcaldías y una amplia variedad de cargos en asambleas departamentales, concejos municipales y entidades autónomas regionales. Para lograr cubrir todas las circunscripciones, el organismo electoral prevé la impresión de aproximadamente 500 tipos distintos de papeletas.
A diferencia de procesos anteriores, el TSE asumirá únicamente funciones de supervisión. La responsabilidad plena de la logística recaerá en los tribunales electorales departamentales, desde la impresión del material electoral hasta su distribución, recolección y consolidación de datos a escala regional. La resolución señala expresamente que las instituciones del Estado, incluidos los órganos judicial y legislativo, deberán ser informadas para cumplir con las obligaciones legales correspondientes.
El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, precisó que ni él ni los vocales departamentales actuales participarán en la organización operativa del proceso, debido a que cumplirán su mandato constitucional antes de la fecha de la elección. Solo permanecerán los representantes del Ejecutivo designados tras el cambio de gobierno de 2020, cuando Luis Arce sustituyó a los vocales nombrados durante la administración de Jeanine Áñez.
Hassenteufel también aclaró que únicamente podrán participar aquellos partidos y agrupaciones que cuenten con personería jurídica consolidada antes del 20 de agosto. Entre las organizaciones excluidas se encuentran Nuevas Ideas con Libertad, impulsada por el vicepresidente Edmand Lara; Evo Pueblo, promovida por el expresidente Evo Morales; y Libre, sigla que el exmandatario Jorge Tuto Quiroga buscaba convertir en partido político.
Con el cronograma en marcha, las instituciones electorales departamentales deberán activar sus mecanismos de preparación en tiempo récord. La próxima etapa implicará la elaboración del calendario electoral detallado, el registro de alianzas, la habilitación de candidatos y la organización de la logística de votación. Los comicios subnacionales de 2026 se perfilan como uno de los procesos más complejos de la última década debido al volumen de cargos en disputa, la diversidad de papeletas y la transición institucional dentro del propio TSE.