Tres policías y un comunario fallecieron en medio de violentos enfrentamientos y bloqueos impulsados por sectores afines a Evo Morales
Bolivia vivió este miércoles una de las jornadas más trágicas del conflicto político-social que se extiende desde hace diez días. Cuatro personas perdieron la vida en medio de emboscadas, choques armados y enfrentamientos violentos en dos frentes clave: la localidad de Llallagua, en el norte de Potosí, y la zona del valle bajo y las alturas de Cochabamba. Tres policías y un comunario fallecieron durante el operativo de desbloqueos e intervención que marcó un nuevo y doloroso punto de inflexión en la crisis nacional.
En Llallagua, el operativo policial para despejar los bloqueos y darle tranquilidad a la zona urbana de la localidad terminó en una emboscada que dejó como saldo la muerte de tres uniformados.
El primero en ser reportado fue el subteniente Brayan Jorge Barrozo Rodríguez, quien recibió un disparo durante la intervención. Pocas horas después, la Policía confirmó el fallecimiento del subteniente Carlos Enrique Apata Tola, también víctima de un ataque armado por parte de grupos radicales. Por la noche se confirmó un tercer deceso: el sargento Jesús Alberto Mamani Morales, integrante del cuerpo de Bomberos, quien murió durante un segundo ataque.
Las imágenes que circularon desde Llallagua mostraban una situación caótica: un bus incendiado, uniformados heridos siendo evacuados y vecinos aterrados por la intensidad de los enfrentamientos.
“Se trató de una emboscada planificada, con armas de fuego, explosivos y francotiradores. Los efectivos apenas pudieron defenderse”, declaró el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera.
El presidente Luis Arce condenó los hechos y aseguró que se responderá con firmeza frente a estos actos de violencia extrema. “No permitiremos que se siga derramando sangre boliviana por intereses políticos. Los responsables serán identificados y sometidos a la justicia”, advirtió.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó además que hay más de 60 heridos entre policías y civiles, varios de ellos con lesiones graves. Denunció que los bloqueadores actuaron con brutalidad, atacando a los efectivos, robando su equipamiento y dejando sin atención médica a los heridos.
A más de 300 kilómetros de allí, en el departamento de Cochabamba, otro hecho de sangre sacudía la jornada. En kilómetro 101 de la carretera que une Cochabamba con Oruro, en el ingreso a la comunidad de Tacopaya, zona de alturas, el operativo de desbloqueo terminó con la muerte de un comunario. Cornelio Franco, falleció tras recibir el impacto de un proyectil durante un enfrentamiento entre bloqueadores y efectivos que intentaban liberar la ruta al occidente.
Los habitantes de Tacopaya denunciaron un uso excesivo de la fuerza. Según testigos, el conflicto se desató cuando un grupo de comunarios trató de impedir el ingreso de los uniformados al punto de bloqueo. El operativo, que se extendió por varias horas, dejó además varios heridos y detenidos.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, declaró que los operativos se realizan “de manera legal y en defensa de la población”, pero admitió que algunos grupos radicales “han optado por una estrategia de confrontación violenta”. En ese sentido, pidió a las organizaciones sociales “recapacitar” y cesar con los bloqueos.
Mientras tanto, en la zona de Pirque, carretera entre Cochabamba y Oruro, dos policías resultaron heridos por explosivos artesanales lanzados desde colinas aledañas al punto de bloqueo. El ataque ocurrió mientras efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) intentaban despejar la vía. Uno de los heridos fue trasladado de urgencia a un centro médico por fracturas y quemaduras.
El escenario en el valle bajo también fue tenso durante toda la jornada. En el municipio de Vinto, vecinos y transportistas colaboraron con la Policía para desbloquear caminos, lo que derivó en nuevos enfrentamientos con sectores afines al evismo.
En paralelo, Evo Morales deslindó responsabilidad sobre la escalada de violencia, aunque aseguró que “el pueblo está movilizado por voluntad propia” y acusó al Gobierno de “criminalizar la protesta”.
