El vocal Gustavo Ávila planteó que el Tribunal Supremo Electoral evalúe suspender las encuestas de intención de voto, tras reiterados fallos que generan inseguridad y desconfianza en la población boliviana.
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, sorprendió este domingo con un anuncio que abre debate en medio del proceso electoral. Durante una entrevista con la red Erbol, planteó que las encuestas de intención de voto no deberían autorizarse, al menos hasta que exista garantía de confiabilidad en su elaboración. La propuesta surge una semana después de la primera vuelta electoral, donde el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, resultó ganador pese a que figuraba en los últimos lugares de los sondeos publicados.
Ávila recordó que desde 2016, en todos los procesos electorales, los estudios de opinión han mostrado notorias imprecisiones que, lejos de orientar, terminan desinformando y generando incertidumbre en el electorado. “Para la segunda vuelta, quiero plantear a la Sala Plena que no se autoricen encuestas. Esto es una idea personal, pero considero que esas mediciones, en lugar de dar confianza, instalan un clima de inseguridad en la ciudadanía”, expresó.
El vocal explicó que, a su criterio, la suspensión debería mantenerse hasta que las empresas encuestadoras demuestren capacidad técnica suficiente para ofrecer resultados fiables y transparentes. “Nadie, en este momento, tiene seguridad de que se esté haciendo un trabajo serio. Y por eso mismo, el mecanismo está perdiendo credibilidad”, advirtió.
La declaración generó eco en diversos sectores políticos y sociales. Organizaciones ciudadanas han señalado que las encuestas, lejos de reflejar la realidad, se han convertido en instrumentos de manipulación que influyen en la intención de voto y perjudican la decisión libre de la población. En esa misma línea, Ávila sostuvo que “se está desprestigiando un valioso mecanismo por los errores que se cometen” y remarcó la necesidad de introducir cambios drásticos en la normativa, incluyendo sanciones ejemplares a las empresas que difundan datos sin rigor.
Actualmente, el TSE cuenta con una normativa interna que regula el registro de las encuestadoras. Sin embargo, Ávila considera insuficiente ese marco y cree indispensable que la institución asuma decisiones más firmes. “El Tribunal Supremo Electoral tiene que actuar con mayor dureza, sobre todo en lo que respecta a la autorización y publicación de encuestas. Si existen dudas sobre su seriedad, debemos frenarlas y lo vamos a hacer”, señaló con firmeza.
La discusión cobra relevancia porque en los últimos años se ha vuelto frecuente que los resultados de los comicios contradigan de manera radical lo anticipado por los estudios de opinión. Ese desfase no solo erosiona la confianza en las encuestadoras, sino también en el propio proceso democrático.
