El Gobierno venezolano acusa a Estados Unidos de ejecutar ataques militares en Caracas y tres estados, alerta sobre riesgos regionales, activa mecanismos constitucionales de defensa y anuncia acciones diplomáticas ante organismos multilaterales internacionales.
La República Bolivariana de Venezuela informó oficialmente a la comunidad internacional que fue objeto de una agresión militar atribuida al Gobierno de Estados Unidos, con acciones que habrían afectado zonas civiles y militares en la ciudad de Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira. La denuncia fue presentada como un hecho de extrema gravedad, al considerar que compromete la seguridad nacional, la vida de la población y la estabilidad de América Latina y el Caribe.
Según la comunicación difundida por el Gobierno venezolano, las acciones denunciadas constituyen una violación directa de los principios fundamentales del derecho internacional, en particular de la Carta de las Naciones Unidas. Las autoridades señalaron que se vulneraron los principios de soberanía, igualdad jurídica entre los Estados y la prohibición expresa del uso de la fuerza contra la integridad territorial de un país.
El Ejecutivo venezolano sostuvo que este tipo de acciones no solo afectan al país directamente involucrado, sino que representan una amenaza para la paz regional y global. En ese sentido, advirtió que el empleo de la fuerza militar contra un Estado soberano establece un precedente peligroso que socava los mecanismos multilaterales diseñados para prevenir conflictos armados entre naciones.
En su exposición, el Gobierno afirmó que el trasfondo de la agresión estaría vinculado al control de recursos estratégicos venezolanos, particularmente hidrocarburos y minerales. De acuerdo con la denuncia, estas acciones buscarían debilitar la independencia política del país y forzar decisiones contrarias a la voluntad soberana de su población. Las autoridades remarcaron que Venezuela mantiene su posición de defensa irrestricta de su autodeterminación y de su sistema de gobierno.
El pronunciamiento oficial recordó que Venezuela posee una larga trayectoria histórica de confrontación con potencias extranjeras que intentaron intervenir en sus asuntos internos. Se mencionaron antecedentes del siglo XIX y comienzos del XX, cuando el país enfrentó presiones y acciones militares externas, subrayando que esas experiencias forman parte de la memoria colectiva y del discurso institucional del Estado venezolano.
En respuesta a los hechos denunciados, el Gobierno anunció la activación de planes de defensa nacional, en coordinación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y otros organismos de seguridad del Estado. Las autoridades indicaron que estas medidas buscan garantizar la protección de la población civil, la integridad territorial y el funcionamiento continuo de las instituciones públicas.
Asimismo, se informó que el Presidente Nicolás Maduro ordenó la aplicación de disposiciones contempladas en la Constitución y en leyes específicas vinculadas a situaciones excepcionales y a la seguridad de la Nación. Entre ellas, se dispuso la declaratoria de un estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, con el objetivo declarado de resguardar derechos fundamentales y asegurar la capacidad operativa del Estado frente a amenazas externas.
El Ejecutivo explicó que esta figura legal permite coordinar acciones institucionales de manera inmediata y bajo un marco normativo definido. Según la información oficial, las medidas adoptadas se enmarcan en la legislación vigente y no implican la suspensión arbitraria del orden constitucional, sino su aplicación ante un escenario considerado extraordinario.
Paralelamente, el Gobierno venezolano anunció el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios. Estas instancias tendrían la función de coordinar respuestas logísticas, operativas y de protección civil, en articulación con autoridades regionales y locales.
En el plano internacional, Venezuela comunicó que elevará la denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Secretario General de la ONU, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). El objetivo, según el Gobierno, es exigir una evaluación de los hechos, una condena formal y responsabilidades políticas y jurídicas para el Estado señalado como agresor.
Las autoridades venezolanas invocaron también el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho inherente de los Estados a la legítima defensa en caso de ataque armado. En ese marco, señalaron que el país se reserva la facultad de adoptar las medidas necesarias para proteger a su población, su territorio y su independencia.
El pronunciamiento incluyó un llamado a los pueblos y gobiernos de América Latina, el Caribe y otras regiones del mundo a manifestar solidaridad activa con Venezuela. El Gobierno planteó que la defensa de la soberanía venezolana se vincula con la defensa del principio de no intervención, considerado un pilar del orden internacional contemporáneo.
