UN JUICIO POLÍTICO EN MASCARADO DE JUSTICIA: EL CASO GLAS Y LA DERIVA AUTORITARIA DE NOBOA

Jun 30, 2025

La reciente sentencia contra Jorge Glas evidencia el uso del aparato judicial para perseguir a la oposición.

La condena impuesta a Jorge Glas, exvicepresidente del Ecuador, constituye una nueva afrenta a los principios del Estado de derecho. El fallo de 13 años de cárcel por un supuesto uso indebido de fondos tras el terremoto de 2016, compartido con Carlos Bernal, exfuncionario del Comité de Reconstrucción, expone cómo el gobierno de Daniel Noboa continúa utilizando a la justicia como instrumento de represión política.
Ambos fueron responsabilizados por redirigir fondos hacia obras supuestamente secundarias, como parques, en lugar de infraestructura esencial para damnificados. No obstante, ni Glas ni Bernal firmaron contratos o se beneficiaron personalmente. Aun así, la jueza Mercedes Caicedo resolvió una condena millonaria, con inhabilitación permanente para funciones públicas, en una audiencia sin transparencia.
El dictamen ha sido condenado por diversos juristas internacionales que consideran que no existe sustento probatorio para calificar tales decisiones como delitos. La Fiscalía alegó que más de 1.600 millones de dólares fueron recaudados mediante una ley solidaria, pero no logró demostrar que los acusados hubieran desviado los recursos para beneficio propio.
Glas, identificado con el correísmo, es hoy blanco de una cacería judicial que ya lo ha llevado a cumplir varias sentencias cuestionadas. Tras su liberación en 2022, se refugió en la embajada mexicana al prever una nueva embestida legal. La irrupción violenta del gobierno ecuatoriano en dicha sede en 2024, desoyendo el asilo otorgado por México, fue condenada internacionalmente por vulnerar normas diplomáticas.

Desde entonces, Glas está encerrado en una prisión de máxima seguridad donde ya sobrevivió a un intento de asesinato. Esta última condena confirma que el Ejecutivo de Noboa no solo ignora el derecho internacional, sino que tampoco respeta la justicia interna. Se castiga a una figura opositora sin pruebas, en un montaje judicial que busca silenciar al pasado y eliminar la disidencia.