El transporte pesado cruceño rechaza la versión oficial de sabotaje en refinerías y responsabiliza a YPFB por la calidad del combustible. Exigen asumir errores, devolver productos defectuosos y abrir importación privada.
La decisión del Gobierno de disponer presencia militar en refinerías de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), bajo el argumento de un presunto sabotaje que afectaría la calidad de los combustibles, generó una respuesta directa del sector del transporte pesado de Santa Cruz. Su dirigente, Juan Yujra, descalificó la medida y la atribuyó a una estrategia comunicacional.
“Es solo un show mediático”, afirmó Yujra al referirse a la militarización instruida por el Ejecutivo. El Gobierno había señalado que existían indicios de manipulación en la cadena de producción y distribución, lo que habría derivado en problemas denunciados por conductores en distintas regiones.
El representante del transporte pesado negó de manera categórica que exista un sabotaje externo. “No hay sabotaje, están haciendo experimentos (…) saboteadores son quienes mezclan combustible (…) el sabotaje se hacen ellos mismos”, declaró, responsabilizando directamente a la administración estatal por las fallas reportadas.
Las quejas del sector no son nuevas. En semanas recientes, transportistas denunciaron daños mecánicos y bajo rendimiento en motores, atribuidos a la calidad de la gasolina y el diésel. Yujra sostuvo que la estatal petrolera debe asumir responsabilidad institucional. “Gobierno y YPFB acepten sus errores (…) YPFB está jugando con la vida de motores”, manifestó.
El dirigente fue más allá y planteó medidas concretas frente a los reclamos del sector. “Están comprobando combustible como cualquier cosa (…) si la gasolina no sirve, devuélvanlo”, exigió, señalando que los transportistas no pueden absorber pérdidas por productos que consideran defectuosos.
En su pronunciamiento también propuso un cambio estructural en el sistema de abastecimiento. “Debería desaparecer YPFB por mala gasolina”, sostuvo, planteando que empresas privadas asuman la importación y comercialización de combustibles.